La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy, en su tercer y último trámite legislativo, el proyecto que aumenta en un diez por ciento los sueldos de los funcionarios públicos del país, que mantuvieron una huelga de cuatro días en demanda de una subida del 14,5 por ciento.
El aumento, el sexto propuesto por el Ejecutivo desde que empezó el conflicto, que movilizó a unos 400.000 empleados públicos, había sido aprobado de forma unánime en la madrugada de este viernes por el Senado.
En su primer trámite, cuando la propuesta era del 9,5 por ciento de aumento, había sido rechazada en la Cámara baja, que ahora aprobó la nueva cifra del diez por ciento con el voto favorable de los 87 parlamentarios presentes en la sesión.
Varios diputados criticaron una indicación incorporada por el Senado que incluyó como beneficiarios del aumento a las altas autoridades del Estado, entre ellas a los propios parlamentarios, que habían sido excluidos en el proyecto original.
Pese a lo duro del debate, la inclusión de los altos cargos fue refrendada por 58 votos a favor, 18 en contra y ocho abstenciones.
También aprobaron un bono por término de conflicto de 200.000 pesos (unos 312 dólares) para los funcionarios con sueldos de hasta un millón de pesos mensuales (1.562 dólares) y de 100.000 pesos (156 dólares) para los que ganen entre uno y dos millones de pesos (3.125 dólares) al mes.
La iniciativa, que supone para el Fisco un costo de unos 1.648 millones de dólares, quedó tras el trámite de hoy en condiciones de ser promulgada como ley por la presidenta Michelle Bachelet y debe entrar en vigor desde el próximo 1 de diciembre.
La mandataria, en su primera referencia pública al asunto, afirmó en La Moneda que buscará mecanismos legales para evitar que ella y sus ministros reciban el aumento.
"No es justo que la Presidenta y ministros reciban el reajuste", sostuvo Bachelet, que defendió la fórmula del aumento escalonado que propuso el Gobierno en primera instancia, con el objetivo de beneficiar más a los trabajadores con sueldos más bajos, lo que fue rechazado por los sindicatos y los parlamentarios.
"Se trataba de una buena respuesta a una situación de crisis y también introducía un factor de equidad", dijo la mandataria, que lamentó que tampoco haya prosperado la exclusión de las altas autoridades.
"Soy una convencida de que quienes estamos en una situación relativamente mas privilegiada que otros somos los que tenemos que apretarnos el cinturón mas fuerte. No me parece justo que la Presidenta y ministros reciban este aumento, sobre todo porque he hecho una solicitud al Gobierno de austeridad", subrayó.
"Voy a buscar personalmente los mecanismos legales para ver si es factible que esta Presidenta y sus ministros puedan quedar exentos de este reajuste", añadió.
A su juicio, "la opinión pública espera de sus altas autoridades una señal de que cuando las cosas están difíciles, cuando la gran pregunta de los chilenos es si tendrá empleo el próximo año, las autoridades den un gesto de que se alinean con el país".
Los dirigentes gremiales, en tanto, consideraron "un triunfo" haber conseguido un aumento del diez por ciento, pese a ser inferior al 14,5 por ciento que demandaban, mientras en todo el país los servicios públicos retomaban su normalidad.
