El canciller de Argentina, Héctor Timerman, dijo hoy que la inspección de control ambiental en la papelera instalada por la finlandesa UPM en Uruguay comenzará el mes próximo, en el marco del acuerdo alcanzado por los dos países.
"El inicio de las inspecciones (a UPM, ex Botnia) va a ser seguramente en septiembre a partir de que terminemos de elegir con Uruguay la comisión y delinear la forma de trabajo", señaló en una conferencia de prensa.
Timerman indicó además que el próximo 28 de agosto se dará a conocer quiénes serán los dos expertos argentinos que integrarán, junto a otros tantos uruguayos, el comité científico encargado de hacer controles ambientales en las dos márgenes del río Uruguay, hito fronterizo entre ambos países.
Las inspecciones se harán tanto en UPM como en industrias y explotaciones agrícolas ribereñas, entre otros puntos del acuerdo por el cual Buenos Aires y Montevideo pusieron fin a un largo conflicto por la instalación de la papelera en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
El canciller argentino dio estas precisiones en momentos en que la Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú anunció que el miércoles próximo decidirá si reanuda el corte del tránsito hacia la vecina Fray Bentos luego de la "tregua" que dio para facilitar negociaciones y cuyo plazo de 60 días venció hoy.
Los ecologistas marcharán hoy frente a la sede de la Alcaldía de Gualeguaychú para manifestar que el conflicto "no está solucionado" y expresar su disconformidad por la marcha del acuerdo bilateral.
Timerman evitó hacer comentarios sobre la estrategia y declaraciones del grupo ecologista, a cuyos miembros recibió hace diez días para explicarles los alcances del acuerdo que los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, y de Uruguay, José Mujica, firmaron en Buenos Aires a fines de julio pasado.
Los Gobiernos consideran que este acuerdo puso punto final a una controversia diplomática iniciada hace siete años por la instalación de papeleras en territorio uruguayo fronterizo con Argentina y que fue motivo de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En abril pasado, el tribunal de La Haya consideró que no hay pruebas de que la papelera de capital finlandés contamine el ambiente, como denunció Argentina, y dictaminó que el Gobierno de Montevideo violó el tratado bilateral de administración del río Uruguay al autorizar la instalación de la planta en forma unilateral.
