La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa determinó ayer establecer un horario de sesiones de lunes a viernes, ante la creciente inasistencia de los legisladores de gobierno y oposición y debido a la necesidad de aprobar una serie de proyectos importantes que aún quedan pendientes.
No obstante, el vicepresidente de la Asamblea, Juan Manuel Peralta, reconoció que la medida -que empezará a regir a partir del 11 de junio- no garantiza que los legisladores asistirán al pleno a debatir leyes.
Los legisladores ganan un salario de B/.7 mil mensuales aproximadamente y sólo sesionan de lunes a jueves.
Ayer no se registró el quórum reglamentario para iniciar la sesión, debido a que de los 37 legisladores que se necesitan como mínimo para iniciar la sesión, sólo aparecieron 31 legisladores.
Esta situación impidió la discusión en segundo debate el proyecto que otorga una prórroga de cinco años más a la Ley de Intereses Preferenciales, que hasta el momento lleva más de 15 días de haberse vencido.
Otro de los proyectos de importancia para el gobierno que está pendiente de aprobación es el que crea la Sala Quinta de Garantías Constitucionales y casación Laboral en la Corte Suprema de Justicia.
La no discusión de la Ley de Intereses Preferenciales ha ocasionado que los bancos panameños que se dedican a otorgar préstamos hipotecarios hayan suspendido los trámites en perjuicio de la sociedad panameña.
Reveló que el próximo lunes la Junta Directiva de la Asamblea sostendrá una reunión a puerta cerrada con los 72 legisladores para escuchar las razones que los obligan a faltar al pleno.
En la reunión también estarán presentes miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), el Organo Ejecutivo y la Asociación Bancaria, quienes en conjunto con los legisladores buscarán el consenso necesario para aprobar a más tardar la próxima semana este proyecto de ley.
Peralta explicó que nada justifica que un legislador no asista a la Asamblea, ya que en caso de ausencia puede enviar a alguno de sus dos suplentes.
El proyecto mantiene en aparente disputa al Organo Legislativo con el Ejecutivo, ya que el primero propone que sus beneficios sean extensivos a las casas cuyo costo asciende a B/.62,500, mientras que el Ejecutivo solicitó por conducto del ministro de Vivienda Roosevelt Thayer que sólo sea para viviendas valoradas en B/.25 mil.
De acuerdo con un informe fiscal, de ser aprobada la Ley de Intereses Preferenciales hasta la suma de B/.62,500, el Estado podría dejar de percibir alrededor de B/.12 millones anuales.
