Mientras algunos sectores consideran que no es necesaria una nueva ley que rija el transporte, otros la defienden con el argumento de que prácticamente constituye un paladín a través del cual se modernizará y, en consecuencia, será más eficiente el servicio para los usuarios.
Pero, hablando de usuarios, ninguno de ellos participó en la elaboración del proyecto de ley que crea la Autoridad del Transporte, pese a que éstos son el sujeto y objeto de este proyecto que se discute actualmente en la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa.
¿Por qué? ¿Será casual que tanto la ministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel, como el vicepresidente de la Cámara Nacional del Tranporte, Héctor Rodríguez, hayan coincidido en sus declaraciones a este medio en el sentido de que los usuarios sí están representados porque el Gobierno participa en su discusión y éste a su vez fue elegido por el pueblo?
Casualidad o no, tanto la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios, como la CLICAC y las diversas organizaciones que tienen interés en presentar propuestas para el mejoramiento del transporte en el país, han hecho sentir su protesta por esta exclusión, al tiempo que exdirigentes transportitas han declarado que la no participación obedece a que se pretende crear una nueva ley que fortalezca a la actual dirigencia y ésta responda a los dictámenes del gobierno.
Entretanto, Héctor Rodríguez, considera que sí es necesario adecuar al momento la ley, la cual está creando una Autoridad del Transporte con autonomía, recursos propios y con criterios técnicos.
Actualmente las decisiones en materia de transporte son tomadas por el ministro de Gobierno y Justicia a través del director de Tránsito y Transporte Terrestre y nadie más, a excepción de unos consejos técnicos provinciales "que de técnicos no tienen nada", señaló Rodríguez.
En estos concejos provinciales tienen participación los usuarios, tal como lo establece la actual Ley 14 que rige el transporte.
Con el proyecto de ley se pretende cambiar lo anterior y crear una Autoridad con la participación de cuatro ministerios y el Presidente de la república, cuatro transportistas procedentes de una Cámara Nacional del Transporte y uno de la Cámara Nacional del Transporte de Carga, todos elegidos recientemente.
Con una junta directiva conformada por miembros de estos ministerios y organizaciones, se forma una nueva institución más autónoma, con nuevas reglas, si bien los transportistas aspiraban a un Ministerio del Transporte, según lo expresado por Héctor Rodríguez.
Estará bajo el Ministerio de Gobierno y Justicia, pero con autonomía, tal como la tiene el IPACOOP o la Caja de Seguro Social, por ejemplo.
Para Rodríguez no se trata de cambiar la Ley 14 de 1993, sino de adecuar lo que sería la Autoridad a la Ley 14, que según él es igual y sólo se reformarán algunos artículos y se derogarán otros.
Para poner la nueva ley en ejecución y que no quede en letra muerta como ocurrió con la Ley 14, Rodríguez sostiene que debe existir la voluntad de todas las partes involucradas para que se aplique, porque ninguna ley rige por sí sola.
Para ello se necesitan recursos económicos, programas de desarrollo y planificación, lo que requiere de la buena voluntad del gobierno y de los transportistas.
Se espera que el mes de marzo se llevará a segundo debate el proyecto de ley.
Asimismo, Rodríguez manifestó que, si bien lo medular del proyecto de ley es que se establece la Autoridad con autonomía, también es de suma importancia el hecho de que se van a elaborar los contratos de concesión que van a contener los derechos y deberes de los concesionarios del transporte.
De ahora en adelante, según Rodríguez, el transportista no puede usar un taxi para prestar el servicio como él lo desee, sino que sus deberes y la forma de prestar el servicio debe estar debidamente establecida en el contrato de conseción y, de no cumplir con él, pierde la concesión.
Con esto se acabaría con el otorgamiento de cupos porque la importancia que ahora se le da a un cupo va a desaparecer. De aprobarse el proyecto de ley, las concesionarias llevarán el control porque los cupos se les darán a ellas y no a las personas, tal como sucede ahora y que es lo que ha llevado a la creación de un mercado negro con su venta, dijo el dirigente transportista.
"Esta ley no es que va a resolver todos los problemas", señaló la fuente, sino que es un paso más hacia la modernización. La Ley 14 fue un paso, este proyecto es otro paso y la idea, aseguró, es que con el tiempo se logre un mejor servicio para el usuario.
No obstante esta premisa, los organismos interesados en participar en la Autoridad del Transporte, tales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), la CLICAC y la Asociación de Consumidores y Usuarios de la República, entre otras, no fueron tomados en cuenta para este fin.
No se hizo, de acuerdo a las declaraciones de Héctor Rodríguez a este medio, porque los usuarios terminan siendo transportistas, toda vez que la experiencia indica que apenas entran a participar en el tema del transporte, quedan siendo transportistas, con cupo y todo.
"Lo que ocurre es que la experiencia que hemos vivido con los representantes, entre comillas, de los usuarios, es que resulta que quedan siendo transportistas porque entonces quedan con el negociado de los cupos y no representan a ningún usuario. Entonces, para qué llamarnos a engaño", sentenció el dirigente.
Ese es el caso de los Consejos Técnicos Provinciales, creados mediante la Ley 14, donde todos los representantes de los usuarios tienen cupo hoy día, aseguró.
Según Rodríguez, al usuario lo representa el Gobierno elegido cada cinco años. El Estado vela por los intereses de los usuarios porque ningún gobierno va a ir en contra de estos intereses.
Tomás Juárez, presidente de la Cámara Provincial del Transporte por la provincia de Chiriquí dijo que, en efecto, los transportistas discutieron durante seis meses con la comisión presidencial para consensuar el documento que presentarían ante la Asamblea Legislativa, a fin de crear la Autoridad Nacional del Transporte..
Dejó claro que están de acuerdo en que sea el Presidente de la república el que ratifique a los miembros de la Cámara que los transportistas eligieron para conformarla; en lo que no están de acuerdo es en que haya reelección de estos representantes porque produciría un enquistamiento en el poder que sería perjudicial para el gremio.
El artículo 8 del proyecto indica que los representantes de esta Cámara serán nombrados por un período de dos años y prodrán ser propuestos nuevamente para un período adicional.
A la Autoridad le corresponderá, entre muchas otras funciones, otorgar las concesiones para la explotación del servicio de transporte público y de terminales de transporte terrestre, así como regular lo concerniente al revisado vehicular, determinar el número y recorrido de las rutas, regular el tránsito vehicular, la señalización y establecer las tarifas del transporte público de pasajeros y de carga.
Secundino Rujano, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la República, dijo que la propuesta de su asociación no fue tomada en cuenta porque todo lo que se está haciendo en materia de transporte está en contra de lo que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Al mismo tiempo negó que los usuarios se convierten en transportistas cuando forman parte de los Consejos Técnicos Provinciales.
Dijo que los transportistas se concubinaron con el Gobierno para la creación de la ley, mientras que los usuarios quieren que la ley vaya en concordancia con la libre oferta y demanda que propugna la OMC.
Esto es cuestión de negocio y habilidad, porque el transporte es un negocio en Panamá , por tanto, la dirigencia quiere mantener la hegemonía que han tenido toda la vida, por lo que temen que venga un consorcio e invierta en el negocio del transporte, acabando con esta hegemonía.
Rujano indicó que enviaría una protesta directamente a Ginebra, Suiza, sede de la OMC en la que denunciaría que de aprobarse el proyecto de ley, Panamá dejaría de cumplir con muchos de los requisitos que necesitó para su inclusión en esta organización del comercio mundial.
Por su parte, Eliseo Alvarez, proponente de la Ley 14, exlegislador y expresidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea, rechaza el proyecto de ley porque en él se palpa un matrimonio entre la Cámara del Transporte y la Ley del Transporte. Los dirigentes transportistas les fijan cuotas a piqueras, transportistas y gremios, lo que no resuelve el problema que el usuario confronta en materia de transporte.
Esto, por el contrario, lo que hace es fortalecer la dirigencia gremial y por ello es que el tema de los cupos no está establecido claramente en el proyecto de ley, lo que sí estaba contenido en la Ley 14.
"¿Por qué no copian lo que dice la Ley 14 y lo plasman fielmente?, se preguntó, al tiempo que sostuvo que no lo hacen porque al gobierno no le conviene. El problema actual, señaló Alvarez, no lo constituye la dirigencia sindical, sino los dirigentes como operadores del transporte que tratan de conformar empresas del transporte. Lo que se pretende crear es una unión sindical a nivel nacional para subyugar al transportista de base.
Aceptó que si los representantes de los usuarios entran a tratar el tema del transporte, inmediatamente se corrompen porque tanto el gobierno como una dirigencia que nos es seria, los avala.
