El Banco Mundial aprobó hoy un crédito de 500 millones de dólares a Túnez para fortalecer la gobernabilidad y la transparencia del país norteafricano, que forma parte del total de 1.500 millones de dólares anunciados a final de mayo.
"Estamos satisfechos de poder responder a la petición de Túnez en este crítico momento y apoyar el proceso del país hacia la democracia y gobernabilidad", indicó Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial (BM), en un comunicado.
Zoellick agregó que "Túnez está atravesando desafíos históricos y el Banco Mundial reconoce que el apoyo a la reforma gubernamental será tan importante como el dinero durante este periodo".
Este préstamo forma parte del programa que el Banco anunció para Egipto y Tunez el pasado mes de mayo por importe de 6.000 millones de dólares para modernizar sus economías, y de los que 1.500 millones corresponden a éste último país.
El Préstamo de Política de Gobernabilidad y Oportunidad de Desarrollo se centra en las áreas de gobierno, empleo, políticas sociales y sector financiero, e incluye la liberalización de internet y una nueva ley de información.
"El programa de reformas llevado a cabo por el gobierno de transición responde a las aspiraciones clave del pueblo tunecino y demuestra que Túnez ha pasado página en su historia", dijo en el mismo comunicado el primer ministro tunecino Beji Caid Essebsi.
No obstante, agregó: "tenemos muchas necesidades en el Túnez postrevolucionario, pero hemos trabajado con el BM para encontrar maneras de enfrentar los desafíos más acuciantes".
Los restantes 1.000 millones de dólares, aún pendientes de aprobación por el Consejo Ejecutivo del organismo multilateral, irán destinado a respaldar el presupuesto tunecino.
"Las autoridades tunecinas han demostrado un profundo compromiso para sacar adelante acciones que son innovadoras para el país y que crearán una economía más abierta capaz de generar oportunidades para los desempleados", indicó Simon Gray, director del Banco Mundial para Túnez.
El préstamo también irá destinado a apoyar las reformas para mejorar el control del sistema bancario, la implementación de programas de empleo público, y desarrollar el alcance y la supervisión de los servicios sociales.
