Un total de 592 correos electrónicos y archivos de audio de un sonado caso de espionaje telefónico que se destapó en 2008 junto a otro de corrupción gubernamental fueron borrados por un intruso que ingresó al Palacio de Justicia en Lima, informó hoy la prensa local.
Aunque el hecho ocurrió en 2009, recién se divulgó hoy cuando el diario La República publicó un informe sobre la desaparición de este material que se encontraba guardado en una caja fuerte dentro del despacho de la jueza María Martínez, quien investiga el caso de espionaje telefónico.
Según el rotativo, los archivos formaban parte de la información contenida en dos memorias USBs decomisados a Gisella Giannotti, una empleada de la empresa privada de seguridad acusada de espionaje, Business Track (BTR).
Estas USBs y el resto del material incautado a los directivos de BTR habían sido entregados al juzgado el 24 de febrero del 2009.
El matutino recordó que Giannotti dijo en varias oportunidades que la revelación del contenido de los archivos de sus USBs, que contienen audios y correos electrónicos que los espías grabaron al ex ministro Rómulo León, a políticos y a funcionarios, podía generar una crisis institucional en el país.
BTR, dirigida por miembros de la Marina en activo y en retiro, aparentemente fue la responsable de grabar las conversaciones de una serie de funcionarios del Estado con allegados a la empresa Discover Petroleum, ganadora de una licitación de lotes petroleros en octubre de 2008.
Las grabaciones, conocidas como "petroaudios", revelaron negociaciones bajo la mesa para que Discover ganase la licitación con el presunto aval de los organismos estatales a cargo de la adjudicación.
A raíz de ese escándalo, el gabinete del entonces primer ministro, Jorge del Castillo, renunció por la presunta responsabilidad de varios de sus ministros en las irregularidades.
Tras una investigación, los peritos informáticos presentaron, a solicitud del fiscal especial Walter Milla, un informe en el que confirmaron que las memorias USBs habían sido manipuladas en la madrugada del 4 de mayo del 2009.
Al confirmarse que se borró el material, el fiscal Milla presentó una denuncia ante la Fiscal de la Nación, la fiscalía penal de turno y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
