El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó hoy un decreto que autoriza la creación de la Autoridad Pública Olímpica (APO), que actuará como órgano supervisor de todos los proyectos relacionados con los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.
Bajo la forma jurídica de un consorcio público, la APO será gestionada por el Gobierno federal brasileño, el Gobierno regional de Río Janeiro y la alcaldía de la ciudad olímpica, además de recibir el apoyo del COI.
En ese sentido, el presidente brasileño resaltó el "compromiso" adoptado entre los tres entes a la hora de tomar decisiones "siempre, siempre muy bien discutidas y, si es posible, por consenso".
Lula recordó que durante los Juegos Panamericanos de 2007 en Río de Janeiro, en los que no todos los proyectos fueron concluidos, el Gobierno federal asumió la responsabilidad de "el 70 por ciento de todo lo que se hizo".
"No queremos que eso pase en el Mundial (de fútbol de 2014) y en los Juegos Olímpicos: los tres juntos (Gobierno federal, regional y municipal) tendremos que asumir todos los compromisos para que todo el mundo lo sepa", señaló.
El consorcio será responsable de la aprobación de las obras relativas a los proyectos olímpicos, además de coordinar los servicios públicos y supervisar la implementación de las infraestructuras necesarias para los eventos deportivos.
Ante los numerosos casos de corrupción política en el país, Lula defendió también la creación de un Portal de Transparencia en internet, a través del cual los contribuyentes puedan hacer un seguimiento de los presupuestos e inversiones tanto para los proyectos del Mundial de 2014 como de los Juegos Olímpicos de 2016.
