El Gobierno brasileño aseguró hoy que ya cumplió parte de las determinaciones de la sentencia que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos por graves violaciones a los derechos humanos durante la represión a la Guerrilla del Araguaia en los años de la dictadura militar (1964-1985).
Esta corte, con sede en San José de Costa Rica y que forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó ayer una sentencia del 24 de noviembre en la que determina que el Estado brasileño tiene que castigar a los responsables por las violaciones a los derechos humanos de los integrantes de esta guerrilla que combatió a la dictadura en la Amazonía.
La sentencia también obliga a Brasil a indemnizar a las familias de las víctimas y le prohíbe invocar la Ley de Amnistía para librarse de sus responsabilidades.
La cancillería brasileña, en un comunicado divulgado hoy, asegura que el Gobierno ya cumplió parte de esas determinaciones y que se esforzará para cumplir las otras.
"Muchas de las iniciativas emprendidas por Brasil corresponden a lo determinado en la sentencia de la Corte y seguirán siendo implementadas. Brasil también hará esfuerzos para encontrar los medios de cumplir las determinaciones que faltan de la sentencia", señala el comunicado.
De acuerdo con el texto, parte de las medidas ya adoptadas por Brasil para reparar las violaciones a los derechos humanos en este caso fueron citadas en la defensa que el Estado brasileño presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre las medidas legales y políticas que Brasil dice haber implementado figuran el "reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la muerte y por la desaparición de personas durante el régimen militar".
Igualmente cita el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas y la denuncia ante la máxima corte del país de la parte de la Ley de Amnistía que protege a responsables por crímenes como la tortura.
"Esas medidas también incluyen los esfuerzos, aún en curso, para localizar e identificar los restos mortales; para compilar, digitalizar y difundir documentos sobre el período del régimen militar, y para preservar, divulgar y valorizar la memoria histórica asociada a aquel período", agrega el comunicado de la cancillería.
El proceso contra el Estado brasileño en la Corte Interamericana por los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución sumaria de Julia Gomes Lund y otros integrantes de la Guerrilla del Araguaia fue entablado por organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y por familiares de las víctimas.
Al menos 62 de los cerca de 80 miembros de esa guerrilla, organizada por el entonces proscrito Partido Comunista de Brasil, murieron o desaparecieron en la Amazonía en combates con fuerzas del régimen militar entre 1972 y 1974.
Muchos de los guerrilleros desaparecidos murieron tras ser capturados y sus cuerpos nunca fueron hallados, en tanto que los responsables nunca fueron juzgados.
El máximo tribunal de justicia americano votó por unanimidad que el Estado de Brasil tiene que realizar una investigación penal "eficaz" y que no puede invocar la Ley de Amnistía ni el principio de cosa juzgada en este caso.
También advirtió que Brasil tampoco puede juzgar a los presuntos responsables "en el fuero militar", ni puede permitir que se obstruya la investigación.
La Corte igualmente ordenó el pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales a las víctimas que no han recibido reparación y a los familiares que entablaron denuncias.
Igualmente condenó al Estado a asumir el coste de la atención médica, psiquiátrica y psicológica de todas las víctimas, y a pagar los costos de las organizaciones que apoyaron la denuncia.
