Las empresas controladas por extranjeros no podrán adquirir a partir de ahora propiedades rurales en Brasil con más de 50 módulos de explotación, un área que varía entre 250 y 5.000 hectáreas dependiendo de la región del país.
El jefe de la Abogacía General de la Unión, Luis Lucena Adams, informó hoy del alcance de la norma aprobada ayer por el Ejecutivo, que también establece que la suma de las áreas adquiridas por las empresas bajo control extranjero no podrá superar el 25% del tamaño de cada municipio.
Esta nueva normativa, que parte de un dictamen de los abogados del Estado, obedece a que la Constitución brasileña establece que el Estado tiene que reglamentar el capital extranjero en sectores considerados como estratégicos, explicó Lucena Adams.
La reciente apreciación de los productos agrícolas, la escasez mundial de alimentos y la tendencia a un aumento del mercado de biocombustibles convierten la propiedad rural en un sector estratégico, agregó.
"A ejemplo de lo que hacen muchos otros países necesitamos imponerle límites a la compra de tierras por extranjeros", dijo.
En los últimos meses ha aumentado la demanda de empresas extranjeras, principalmente de capital chino, por tierras brasileñas, lo que ha provocado un fuerte incremento del precio de las propiedades rurales en el país.
Numerosas compañías han manifestado interés en producir alimentos y biocombustibles en Brasil, uno de los mayores graneros del mundo y en el que aún hay áreas cultivables que no son aprovechadas.
Brasil prohíbe la venta de tierras a extranjeros o empresas domiciliados en el exterior, razón por la cual las adquisiciones se hacían hasta ahora a través de firmas brasileñas controladas por inversores extranjeros.
La norma constituye una nueva interpretación de una ley de 1971 por la que el régimen militar (1964-1985) impuso un control sobre la venta de tierras.
Dicho control fue flexibilizado en 1994 por una regulación ahora sin efecto y que consideraba que, como la empresa era brasileña, incluso bajo control extranjero, no necesitaba notificar sus compras de tierras.
En 1994 Brasil dejó de tener un registro sobre las tierras que fueron adquiridas por empresas controladas por extranjeros y hoy no existen cifras oficiales que permitan conocer la extensión de esas propiedades.
"Hoy tenemos una visión limitada de lo que es el control extranjero sobre tierras nacionales (...) pero a partir de ahora cualquier compra de tierra por extranjeros tiene que ser comunicada a los gobiernos regionales y al federal", afirmó Lucena Adams.
Lucena Adams aclaró que la medida no es retroactiva, que las propiedades ya adquiridas por extranjeros se respetarán y que las restricciones no buscan excluir la participación foránea en la producción agropecuaria brasileña sino recuperar el "control nacional" sobre la propiedad de la tierra.
"Brasil creció y atrajo el interés de los extranjeros. Necesitamos tener un control estratégico sobre la agropecuaria. No se trata de una visión de soberanía sino de una forma de preservar el país del dominio del capital extranjero", agregó.
