Un grupo de burócratas guatemaltecos, aglutinados en el denominado Frente Nacional de Lucha (FNL), solicitó hoy a un tribunal de Trabajo emplazar al Gobierno para evitar despidos masivos debido a la falta de recursos financieros por parte del Estado.
"Emplazamos a los ministerios y unidades ejecutoras del Estado, a fin de que no se pueda destituir a ningún trabajador", dijo a periodistas Luis Lara, líder del FNL.
Los burócratas presentaron un recurso de emplazamiento en contra del presidente Álvaro Colom como representante del Estado guatemalteco.
Esa figura, estipulada en la legislación laboral del país, protege a los empleados que se declaran en peligro de ser destituidos sin causa ni justificación, para evitar que sean removidos.
Semanas atrás, varios funcionarios de alto nivel alertaron sobre la posibilidad de que el Gobierno despida a partir de enero próximo a miles de médicos, maestros y policías, ante la falta de recursos financieros para pagarles sus salarios.
Aunque el presidente Colom aclaró después de que los despedidos sería "una medida extrema" que su Administración no pensaba contemplar, aseguró que la falta de ingresos provocará "serios problemas" al Gobierno el próximo año para cumplir con sus obligaciones.
El Gobierno fracasó en su intento porque el Parlamento aprobara una reforma fiscal por medio de la cual buscaba aumentar la recaudación tributaria en unos 3.200 millones de quetzales (385,42 millones de dólares) en 2010.
La propuesta de reforma fiscal del Gobierno, que espera sea retomada en enero próximo, establece la creación de un impuesto de dos centavos de dólar por cada minuto de comunicación por medio de los teléfonos móviles, así como el incremento del 1 al 2 por ciento del Impuesto de Solidaridad, y del 5 al 6 por ciento al Impuesto Sobre la Renta.
Según Lara, los trabajadores del Estado decidieron acudir a los tribunales para proteger sus empleos, ya que no pueden "estar en manos de los políticos" que se niegan a aprobar la reforma fiscal.
"No podemos depender del Congreso ni de los organismos del Estado si no se agota primero el debido proceso", precisó el sindicalista.
El FNL teme que de no ser aprobada la propuesta de reforma fiscal, unos 32.000 burócratas puedan perder sus empleos.
El Tribunal Sexto de Trabajo deberá resolver la petición en las próximas horas.
