La Procuraduría General de Colombia formuló hoy cargos disciplinarios al ministro de Comercio Exterior, Industria y Turismo, Sergio Díazgranados, "por posibles irregularidades administrativas" cuando el alto funcionario ocupó el viceministerio de esa misma cartera en 2006.
El propio Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, informó a los periodistas sobre los cargos al ministro y a otros cinco altos funcionarios.
La investigación se deriva de una auditoría a la cartera de Comercio, Industria y Turismo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre del mismo año, explicó Ordóñez.
Añadió que el Ministerio Público "busca establecer responsabilidades ante las posibles irregularidades por omisión" en la designación oportuna de miembros del llamado Consejo de Administración de Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fomipyme).
También, por presuntas irregularidades "en la presentación, objeto y evaluación de un proyecto que tenía por objeto acercar a 200 pequeñas y medianas empresas exportadoras del país a herramientas tecnológicas para mejorar su competitividad".
Por otra parte, la Procuraduría anunció la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos a la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) Liliana Pardo y al exsubdirector técnico y jurídico de la misma entidad Inocencio Meléndez, durante 18 y 17 años, respectivamente.
En octubre del 2010 la Procuraduría había imputado cargos a Pardo y a otros funcionarios de esa entidad "por irregularidades en varios contratos" en Bogotá.
Según el expediente, no hubo suficiente vigilancia en la inversión de los recursos anticipados a contratistas, que fueron gastándose sin la debida legalización, hasta que se hizo evidente su desvío y la necesidad de hacer efectivo el cobro del seguro del contrato.
Pardo está hace meses bajo detención domiciliaria y Meléndez está recluido en una cárcel bogotana.
Los dos funcionarios están envueltos en el llamado "carrusel de la contratación", un escándalo por manejos fraudulentos con dinero oficial para obras públicas y tráfico de influencias, que alcanzó, incluso, al suspendido alcalde bogotano Samuel Moreno Rojas y a su hermano, el exsenador Iván Moreno Rojas.
Hace dos días la fiscal colombiana, Viviane Morales, imputó a Moreno Rojas, del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), cargos por haber incurrido presuntamente en los delitos de "prevaricato por omisión, concusión, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación".
Morales hizo el anuncio con la lectura de una declaración, en la que indicó que ha pedido llevar a cabo la "audiencia preliminar" ante los jueces de control de garantías para la formulación de imputación y solicitar la detención de Moreno Rojas.
Esta audiencia de imputación se celebrará el próximo 29 de julio, añadió Morales.
