El responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Carlos Castresana, dijo hoy que el país debe acometer profundas reformas en sus sistema jurídico y policial para abordar "males estructurales" que han contribuido a su indefensión ante el crimen organizado.
"Hasta ahora lo que hemos hecho es lo quirúrgico, hemos cambiado aquellas cosas que eran imprescindibles para poder hacer nuestra tarea. Lo que le estamos diciendo ahora a Guatemala es que algunos de los males son estructurales", explicó hoy el jurista español en una entrevista con Efe.
Los cambios que pide son "de fondo y requieren de un enorme consenso político", por lo que instó a los tres poderes del Estado, así como a los partidos políticos de todas las tendencias, a sumar esfuerzos para llevarlos a cabo.
El magistrado español acompaña esta semana a una delegación compuesta de políticos, periodistas, activistas y juristas guatemaltecos que se ha reunido con los países donantes de Naciones Unidas para transmitirles el apoyo con que cuenta la labor de la Comisión en la sociedad guatemalteca.
Castresana se muestra satisfecho con los logros alcanzados por la institución que dirige en sus dos años y medio de funcionamiento, en los que han contribuido depurar a la policía nacional y enjuiciar a figuras poderosas como un ex presidente y magistrados de la Corte Suprema.
Al mismo tiempo, advirtió: "A medida que hemos acumulado éxitos, también hemos cultivado más enemigos", que se resisten a la reconocer la labor de la Comisión.
Castresana señaló a Efe que ha pedido sin éxito la construcción de una cárcel de máxima seguridad y la ampliación del número de fiscales que trabajan con la Cicig, algo que tampoco se ha logrado.
Entre los cambios que la Comisión promueve están la ampliación a entre 48 y 72 horas el período que se puede tener detenido a alguien sin cargos, como en la mayoría de democracias, en lugar del máximo de 6 que establece la legislación guatemalteca.
También considera "un disparate" que los allanamientos sólo se puedan practicar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en lugar de durante las 24 horas del día.
"Es muy difícil combatir el crimen organizado con normas que parecen de caballero británico. Las zonas donde se mueve el crimen organizado no están precisamente pobladas de aristócratas", apuntó.
En el ámbito del poder judicial, insistió en la necesidad de cambiar los mecanismos de postulación de los miembros de los órganos judiciales, que a menudo son causa de escándalo, así como de ampliar los años de mandato de los jueces.
"La Corte Suprema se cambia entera cada cinco años. Eso es un disparate, no ocurre en ningún otro sitio", afirmó.
Castresana advirtió de que la Cicig, fruto de un acuerdo en 2007 entre el Gobierno guatemalteco y Naciones Unidas, es "una intervención de emergencia" cuyas responsabilidades, tarde o temprano, deberán asumir las instituciones de ese país centroamericano.
"Si te acostumbras a ir en muletas, te quedas cojo para siempre", señaló el magistrado, quien recordó que la extensión del mandato de la Comisión más allá de septiembre de 2011 dependerá del secretario general de la ONU y del presidente de Guatemala.
En caso de que se prorrogue la vida de la Cicig, recomendó que se amplíe su objetivo más allá de la misión actual, que es el "desmantelamiento de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad", para incluir delitos más genéricos como la corrupción o el crimen organizado.
También abogó por reforzar el estatuto jurídico de sus empleados, tanto internacionales como guatemaltecos, para equipararlo al de los trabajadores de Naciones Unidas, tanto en el terreno de la inmunidad como en el de las prestaciones económicas.
Para Castresana, el ambiente hostil al que se enfrenta la Comisión se refleja en el hecho de que la mitad de su presupuesto, que ronda los 15 millones de dólares anuales y es financiado por la comunidad internacional, se invierte en medidas de seguridad.
"Estando allí, los riesgos son mayores, pero los resultados también. Es imposible arreglar África desde La Haya, para que nos entendamos", observó.
En su opinión, el modelo de la Cicig se puede replicar en otros países de la región, que también sufren altos índices de impunidad y crimen organizado, pero advirtió de que debe hacerse respondiendo a las circunstancias de cada lugar: "No hay dos enfermos iguales".
