La "megacausa" por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983) obligó a la estructura judicial del país a "cambiar de mentalidad" y a lograr que las víctimas volvieran a confiar en el sistema, explicó hoy el juez Sergio Torres en una audiencia ante la OEA.
"Ningún sistema judicial está preparado para enfrentar de golpe todo lo que tuvo que enfrentar Argentina", argumentó el magistrado argentino, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro de detención de la dictadura.
Pese a esa realidad, los procesos se están desarrollando "con todas las garantías constitucionales, procesales y penales que las víctimas no tuvieron", añadió Torres durante una audiencia en Washington ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Después señaló que hay que tener en cuenta también que en Argentina no hay jueces, tribunales ni leyes "especiales" para juzgar los crímenes de la dictadura, y que se están investigando "todos y cada uno" de los hechos denunciados y "a todos y cada uno" de los imputados.
Los procesos por violaciones a los derechos humanos empezaron a reactivarse en 2003, cuando se anularon las llamadas "leyes del perdón" de la década de los ochenta, a lo que siguió la nulidad de los indultos que en la década de los noventa beneficiaron a jefes de la dictadura.
"Hubo que lograr que las víctimas volvieran a confiar en el sistema. ¿Por qué una víctima tenía que creerle al Estado después de 30 años sin hacer nada, con leyes de amnistía y olvido?", explicó Torres.
Según el magistrado, investigar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura "no tiene pocos problemas" y, además, "los antecedentes no son numerosos ni en calidad ni en cantidad".
Pero una "megacausa" como la abierta en Argentina pone sobre la mesa que "los derechos humanos deben salir de la política partidaria para ser una política de Estado que esté por encima del interés particular de los gobernantes de turno", anotó.
Hay que conseguir que las "generaciones venideras crezcan conociendo el pasado y garantizar a nuestros hijos una vida digna de ser vivida", concluyó Torres.
La semana pasada, Argentina dio un paso más en los procesos contra los represores de la dictadura con las condenas a cadena perpetua impuestas, entre otros, al exmarino Alfredo Astiz en la histórica "megacausa" por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA.
Cerca de 200 testigos declararon durante 22 meses en este proceso histórico, en el que se juzgó a 18 acusados por 85 delitos de lesa humanidad, entre ellos los asesinatos de tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, del periodista Rodolfo Walsh y de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
De la ESMA partían los denominados "vuelos de la muerte", en los que los detenidos eran arrojados al Río de la Plata, y se calcula que por ella pasaron unas 5.000 personas durante la dictadura, que dejó unos 30.000 desaparecidos.
