El jefe del Estado luso, Aníbal Cavaco Silva, se mostró hoy contrario a la propuesta de suprimir pagas a funcionarios, pensionistas y trabajadores del sector público, tal y como proyecta el Ejecutivo, controlado por su mismo partido.
Cavaco Silva, histórico dirigente del Partido Social Demócrata (PSD, centro derecha), gobernante en Portugal desde las elecciones de junio, consideró que la eliminación de las pagas supone "una violación de un principio básico de equidad fiscal".
"Cambió el Gobierno, pero yo no cambié de opinión", aseveró en declaraciones a los medios tras participar en Lisboa en la apertura del Congreso Nacional de los Economistas.
El presidente luso reaccionó así y por primera vez a la propuesta presupuestaria del Ejecutivo conservador, entregada el lunes al Parlamento, que recoge además la posibilidad de ampliar la jornada laboral en el sector privado en media hora, así como un incremento generalizado de la carga fiscal y recortes en el gasto público.
"Temo que podamos estar en el límite de los sacrificios, y creo que en el caso de los pensionistas, por ejemplo, podemos haber sobrepasado ya este límite", advirtió.
Cavaco Silva resaltó que su opinión es coherente con la postura que adquirió públicamente cuando el anterior Gobierno, de signo socialista, recortó el salario de los funcionarios.
"Los libros nos enseñan cuáles son los principios básicos de equidad fiscal, y es sabido por todos quienes los estudian que la regresión de salarios o pensiones a grupos específicos es un impuesto", defendió el jefe del Estado portugués, quien también fue primer ministro (1995-2005) y economista de formación.
El Gobierno luso propone eliminar parte de una paga anual a aquellos funcionarios, pensionistas y empleados de empresas públicas cuyo sueldo supere el salario mínimo (485 euros) y se mantenga por debajo de los mil euros.
Para quienes superen esa cantidad, el Ejecutivo aboga por suprimir las pagas de verano y de Navidad, lo que se suma al recorte del 5 por ciento en los salarios por encima de los 1.500 euros, y que ya entró en vigor este año.
Cavaco Silva expresó su deseo de que la propuesta gubernamental sea objeto de un "debate profundo" en el Parlamento antes de que se proceda a su aprobación -que parece segura debido a que el Gobierno cuenta con mayoría absoluta-, prevista para el 26 de noviembre.
