Familiares y amigos de dos jóvenes que murieron supuestamente como consecuencia de una persecución de agentes de tránsito se manifestaron hoy en la ciudad argentina de Baradero para exigir que la Justicia esclarezca el caso, que el pasado domingo motivó una suerte de rebelión popular.
Liderada por las madres de las dos víctimas, la marcha comenzó en el colegio al que concurrían Miguel Portugal y Giuliana Giménez, de 17 y 16 años, respectivamente, y concluyó en el cementerio de Baradero, donde los manifestantes dejaron flores en memoria de los adolescentes.
"Sólo quiero justicia y que quien tenga que pagar por esto vaya preso", pidió Margarita, la madre de Portugal.
Los hechos se desencadenaron el domingo en Baradero, 120 kilómetros al noreste de la capital argentina, tras la muerte de los dos jóvenes, quienes salieron despedidos de la motocicleta en la que viajaban al chocar con una camioneta en la que se movilizaban dos inspectores de tránsito.
Al enterarse de los fallecimientos, familiares y amigos de las víctimas y vecinos de la ciudad se dirigieron hacia la sede del Ejecutivo local para protestar al considerar que los agentes municipales habían sido los culpables del accidente.
Pero cuando testigos del hecho comenzaron a hacer público que la camioneta municipal había maniobrado intencionalmente para detener a los jóvenes y ponerles una infracción, ya que no llevaban cascos, los manifestantes quemaron neumáticos y posteriormente atacaron con piedras e incendiaron las sedes de varios edificios públicos.
Los más enfurecidos, incluso, apedrearon las oficinas de una estación de radio local y se trasladaron hasta la vivienda del director de Tránsito de Baradero con intenciones de prenderle fuego.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguró que existen "firmes sospechas" de que hubo personas con "clara intencionalidad política para provocar un caos" en Baradero.
El fiscal Marcelo Manso, a cargo de la pesquisa, ha ordenado tomar muestras de sangre al inspector Oscar Micucci, el único imputado que tiene la causa por el delito de doble homicidio culposo.
El caso desató una polémica en Baradero, una ciudad de cerca de 40.000 habitantes y unas 10.000 motocicletas, donde son cuestionados no sólo los métodos del Gobierno municipal para los controles de tránsito sino también la conducta de jóvenes que no reconocen en la práctica la necesidad del uso de cascos.
"Esta sociedad no quiere aprender a usar cascos", se quejó el alcalde de Baradero, Aldo Carossi, cuya "mano dura" en los controles viales ha convertido a las calles de esa ciudad en un campo de batalla entre jóvenes e inspectores de tránsito.
