El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense aprobó hoy una medida que amplía la ayuda de la Iniciativa Mérida al Caribe, en el marco del presupuesto para ayuda exterior para 2010 y 2011.
El objetivo del proyecto de ley es fortalecer los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos porque "durante demasiado tiempo no hemos dado al Departamento de Estado los recursos que necesita" para cumplir su misión, explicó Howard Berman, presidente del Comité.
Entre sus elementos principales, el proyecto de ley, además de extender la ayuda de la Iniciativa Mérida contra el narcotráfico y el crimen organizado a los países del Caribe, "mejora la vigilancia y evaluación de los programas" de ese plan de seguridad regional.
La Iniciativa Mérida, lanzada bajo el mandato de George W. Bush, es un plan de seguridad regional de 1.400 millones de dólares para ayudar a México y Centroamérica a combatir el flagelo del narcotráfico.
En su primer año, incluyó fondos también para Haití y la República Dominicana.
El Congreso se encuentra inmerso en el debate y votación de los presupuestos fiscales para el año fiscal 2010, que incluye la ayuda para este plan.
El legislador demócrata Eliot Engel, que preside el subcomité de asuntos del Hemisferio Occidental, coincidió con Berman en que el proyecto de ley dará un importante "impulso" a la diplomacia estadounidense en la región.
Eliot, uno de los patrocinadores de la medida, fue quien incluyó las cláusulas para estrechar las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe.
Así, la Iniciativa ahora incorpora a los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), tal como lo habían solicitado estos durante la V Cumbre de las Américas, celebrada el mes pasado en Trinidad y Tobago.
Por otra parte, la legislación pide que el Departamento de Estado elabore un "plan de diplomacia pública" para Haití, en el caso de que EE.UU. contemple conceder el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los haitianos indocumentados en este país.
El TPS es un beneficio migratorio temporal que concede Washington a ciudadanos que llegan a EE.UU. procedentes de países aquejados por conflictos armados o desastres naturales.
Asimismo, los legisladores del Comité aprobaron fondos para la contratación de 1.500 funcionarios para el servicio exterior estadounidense en los próximos dos años, y una cláusula que garantiza que el país "cumplirá con sus compromisos financieros con Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales".
También se incluye un apartado que fortalece las capacidades del Departamento de Estado para el control de armas y el combate a la proliferación.
Ahora que tiene el visto bueno del Comité, la medida será sometida a votación en el pleno de la Cámara de Representantes el mes próximo. Para convertirse en ley, también tiene que ser aprobada en el Senado.
