Las comunidades amazónicas de la selva peruana expresaron hoy su rechazo a la investigación promovida por el Gobierno sobre la violenta protesta en Bagua, que dejó 34 muertos en junio de 2009, al considerar que no se ha señalado a los responsables y, por tal motivo, se negaron a firmar el informe.
El Gobierno convocó hoy a la reunión final del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, donde cuatro mesas de trabajo presentaron los resultados de una investigación sobre los sucesos de Bagua y diversas propuestas en temas de interés para las comunidades indígenas.
El Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos lo formó el Gobierno después de que una larga protesta de las comunidades selváticas de la provincia de Bagua, por leyes que consideraban contrarias a sus derechos sobre la tierra y el agua, terminó el 5 de junio de 2009 con 34 muertos.
Este grupo encargó a una comisión la elaboración de un informe sobre esos hechos para identificar a los responsables de las muertes y reunir evidencias de lo acontecido.
Hoy, durante más de dos horas, el debate congregó en un auditorio a ocho ministros, once presidentes regionales y unos 17 representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas de Perú (Conap), los dos mayores gremios de organizaciones selváticas.
Los detalles del informe sobre la muerte de 24 policías y diez civiles en Bagua (región Amazonas) ya se habían adelantado en diciembre pasado y también se conocía el rechazo de Aidesep y Conap al mismo porque les atribuía parte de la responsabilidad en los hechos al haber supuestamente incitado a la violencia en las comunidades nativas.
El pasado 29 de diciembre, la comisión investigadora de los sucesos en Bagua divulgó parte de ese informe, en el que señaló a congresistas nacionalistas y a sindicalistas como responsables de haber azuzado a los indígenas para que se desatara la violencia.
El ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, como presidente del Grupo Nacional de Coordinación, afirmó que los cuatro informes presentados hoy, entre los que figuraba el referido a los sucesos violentos en Bagua, habían sido aprobados y elevados a la Presidencia del Consejo de Ministros.
De Córdova declaró que todas las opiniones habían sido aceptadas porque este era "un foro democrático", donde se trabajó durante 120 días, hasta diciembre pasado.
Sin embargo, el secretario nacional de Aidesep, Saúl Puerta, declaró a los periodistas que no hubo ningún acuerdo, ni firmaron acta alguna, al término de la cita.
"Hemos venido con toda la intención de llegar a una solución con el Gobierno, pero no lo hemos logrado", dijo el dirigente nativo.
Según Puerta, sus propuestas para que el Gobierno indemnice a los diez civiles muertos en Bagua, la derogación de las leyes que generaron las protestas y la ampliación de las investigaciones tampoco fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo.
Además, Puerta reiteró que el responsable de los hechos fue el Gobierno, por haber promulgado leyes que los nativos consideraron perjudiciales a sus derechos sobre la tierra sin haber sido previamente consultados, conforme a las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Aidesep también insistió en su pedido para que su presidente, Alberto Pizango, asilado en Nicaragua tras los hechos en Bagua, pueda regresar a Perú, con el consiguiente retiro de la orden de detención dictada en su contra.
El ministro De Córdova respondió que los pedidos de Aidesep "van a ser elevados a la presidencia del Consejo de Ministros para su estudio" y también contarán con más tiempo para seguir con las investigaciones sobre lo acontecido en Bagua.
"Que se tomen el tiempo prudencial, eso hemos acordado", apuntó el ministro, aunque remarcó que el informe presentado hoy no será revisado.
Sobre el pedido de señalar a los responsables de las muertes, el ministro peruano dijo que no le competía a la comisión investigadora determinar las responsabilidades porque este es "un tema judicializado".
El presidente de la Conap, Oseas Barbarán, coincidió con Puerta en que los hechos de Bagua tienen que seguir siendo investigados porque "hay un vacío" y "evidencias" que no se han considerado en el informe final.
Barbarán dijo que la prioridad del Estado con las comunidades nativas tiene que ser garantizar el derecho a la consulta e informar de qué manera se van a beneficiar con la distribución equitativa de los recursos naturales.
En los hechos del 5 de junio de 2009, una huelga de comunidades indígenas amazónicas derivó en un estallido de violencia cuando la Policía intentó desalojar una carretera tomada por los manifestantes. Allí, murieron 12 policías, además de diez civiles.
Después, un grupo de indígenas que retuvo a 38 policías en una estación petrolera de la zona asesinó a 12 de ellos en aparente represalia por el operativo en la carretera.
