La Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur concluyó hoy su ronda de consultas sobre la aplicación y fomento de los derechos universales en los países de la región con las aportaciones de Uruguay.
Los datos recopilados en Uruguay se suman a los ya obtenidos en Argentina, Brasil y Paraguay, con los que el parlamento elaborará un informe "básico" para seguir anualmente la "evolución o el retraso" de cada país, explicó la presidenta de la comisión, la uruguaya Adriana Peña, en la apertura de la jornada.
"Nuestro informe servirá para armonizar las legislaciones de los estados miembros del Mercosur e igualar la calidad de vida de sus ciudadanos", añadió.
Los miembros de la comisión se reunieron en una audiencia pública con representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Uruguay, quienes informaron sobre la situación del país en materia de derechos humanos.
El senador Reinaldo Gargano, ex ministro de Relaciones Exteriores, resaltó entre los logros de Uruguay la nueva legislación sobre emigración, con medidas para propiciar el retorno de quienes viven fuera del país, y el proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Entra los asuntos pendientes Gargano situó al sistema penitenciario, con un 75 por ciento de reclusos menores de 30 años y un 60 por ciento de presos sin sentencia que se encuentran a la espera de que concluya su procesamiento judicial.
En este sentido, el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Álvaro Garcé, recordó que Uruguay es el segundo país de América Latina en número de presos, con 231 reclusos por cada 100.000 habitantes, lo que lo sitúa solo por detrás de Chile.
El hacinamiento, la atención sanitaria y el fomento de la inclusión social son algunas de los "fallos" de Uruguay en materia carcelaria.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del Parlamento uruguayo, Alba Cocco, recordó que en los últimos tres años se aprobaron en el país 89 leyes que tienen que ver con la protección y la promoción de esos derechos.
En la jornada participaron también las directoras de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, María Elena Martínez, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Laura Dupouy.
