El ex diputado brasileño Natalino Guimaraes y su hermano, el ex concejal Jerominho Guimaraes, acusados de haber montado un grupo paramilitar para enfrentar narcotraficantes en Río de Janeiro, fueron condenados hoy a 10 años y seis meses de prisión cada uno, informaron fuentes judiciales.
Los dos ex políticos, ex policías y hermanos, señalados como jefes de una de las mayores "milicias" de Río de Janeiro, fueron considerados responsables de los delitos de asociación para delinquir y formación de banda armada.
La condena, la primera que es impuesta a un político por su vinculación con grupos paramilitares en Río de Janeiro, fue dictada por el juez primero penal de Campo Grande, una extensa región en la zona oeste de esta ciudad, cuyas favelas son dominadas por estos grupos armados.
Las "milicias" son unas organizaciones paramilitares, integradas principalmente por policías y ex policías, que surgieron en los últimos años en Río de Janeiro para combatir a las bandas de narcotraficantes de las favelas.
Tales grupos paramilitares controlan actualmente unas 90 favelas de Río de Janeiro, tras haber expulsado de ellas a las organizaciones de traficantes de droga.
Las "milicias" son acusadas de sustentarse con impuestos que cobran a los habitantes de esas zonas para garantizar su seguridad y con tasas adicionales que imponen sobre el ingreso a esas barriadas pobres de productos como bombonas de gas o de las conexiones clandestinas de luz y de televisión por cable.
Además de los dos ex legisladores, otras ocho personas acusadas en el mismo proceso de integrar la "milicia" comandada por los hermanos Guimaraes fueron condenados a diferentes penas de prisión.
Entre los condenados figura el ex policía Ricardo Teixeira Cruz, conocido como "Batman" y considerado uno de los "milicianos" más violentos de la ciudad, que hace pocas semanas se fugó de un presidio de máxima seguridad.
También fue condenado el ex policía Luciano Guimaraes, hijo de Jerominho, acusado en otro proceso de haber liderado la matanza de ocho personas.
El fiscal Antonio José Campos, responsable de la acusación en el proceso, calificó la sentencia como un "parteaguas emblemático" por tratarse del primer proceso contra los jefes de las milicias, a las que calificó como "uno de los mayores problemas de seguridad pública actualmente en Río de Janeiro".
Los recurrentes enfrentamientos armados entre narcotraficantes, milicianos y policías han convertido a Río de Janeiro en una de las ciudades más violentas de Brasil.
