El arzobispo de San Salvador, Fernando Saenz Lacalle, conmemoró hoy el 19 aniversario del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989, en el marco del pasado conflicto armado.
"Recordamos a las víctimas en este día de aniversario y ofrecemos a Dios su muerte sacrificial, implorando la paz para nuestro país", dijo el prelado en una rueda de prensa, luego de oficiar la misa dominical en la Catedral Metropolitana.
La conmemoración ha cobrado relevancia en el país, luego que se conoció una demanda, la semana anterior, en contra del ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1994) y de 14 militares ante la Audiencia Nacional de España.
La demanda, que señala al ex gobernante como uno de los responsables de la matanza, fue presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), que tiene sede en San Francisco, Estados Unidos.
Al respecto, Saenz dijo a la prensa: "Temo que (al) abrir este caso en los tribunales de otro país no nos ayudará en el proceso de reconciliación interno".
Dijo, además, que comparte la decisión del rector de la Universidad Centroamericana (UCA), administrada por la Compañía de Jesús José María Tojeira, de "no participar en el proceso en España" y buscar en el propio país "la sanación de viejas heridas".
Tojeira dijo el pasado jueves que la búsqueda de justicia por el asesinato de los seis sacerdotes debe realizarse en instancias salvadoreñas, aunque señaló que "respetan" las gestiones en los tribunales internacionales.
El 16 de noviembre de 1989 comandos del ejército salvadoreño irrumpieron en el campus de la UCA y dieron muerte a su rector, el español Ignacio Ellacuría, en el marco de una ofensiva impulsada por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, ahora principal partido de oposición).
Además, asesinaron a los sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, al salvadoreño Joaquín López y López, así como a Elba Ramos, una empleada doméstica y a su hija Celina, de 16 años.
En 1991 fueron condenados por el crimen el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, entre una decena de militares acusados, pero quedaron en libertad en 1993 debido a la aprobación de una Ley de Amnistía que dejó en la impunidad decenas de crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992).