El presidente de Ecuador, Rafael Correa, consideró hoy "casi imposible" un fallo en contra del país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde la petrolera estadounidense Occidental (Oxy) interpuso una demanda por la caducidad de su contrato.
Correa recordó que en este momento se desarrolla en Washington una audiencia en un tribunal del CIADI, en el que Ecuador argumenta su decisión de declarar la caducidad.
"Tenemos toda la razón en el caso Occidental. Hemos tomado todas las precauciones, ojalá que las cosas salgan bien", dijo Correa en su informe semanal de labores, que se transmite por varias emisoras de radio y la televisión pública.
"Creo que es casi imposible un fallo en contra del país", añadió el jefe de Estado, al asegurar que en la decisión adoptada "se cumplieron con todos los requisitos de Ley".
Manifestó su esperanza de que todo "salga bien" y vaticinó que "lo que pueden decir, porque esa es una tradición en el derecho anglosajón, es que la pena es desproporcionada a la falta", lo que, según él, "sería gravísimo porque estarían cuestionando la Ley de un país soberano".
"Ojalá que se respete la soberanía del país o, no se preocupen, que la haremos respetar, sabemos hacer eso", aseguró Correa desde la costa del país.
La defensa de Ecuador en la audiencia la presenta el procurador general del Estado, Diego García, junto con otros abogados ante un tribunal formado por Ives Fortier (presidente), Brigitte Stern y David Williams, según la Procuraduría.
En la audiencia se tiene la oportunidad de que las partes presenten sus alegatos ante el tribunal, que examinen a los testigos y expertos legales que hayan sido presentados y que expongan sus argumentos finales.
En abril de 2006, el entonces Ministerio de Energía y Minas de Ecuador anuló el contrato con Oxy por violar la ley del país al transferir el 40$ de sus derechos de explotación a la firma canadiense Encana, sin comunicarlo al Estado.
Por esa resolución, los bienes e instalaciones de Oxy se revirtieron a la estatal Petroecuador, que explota actualmente la zona que tenía la empresa estadounidense en concesión, y Oxy demandó a Ecuador.
