El Tribunal de Justicia Climática promovido por indígenas y activistas del medio ambiente de América Latina inauguró hoy sus sesiones en Bolivia con el análisis de un caso de este país, otro de El Salvador y un tercero de Ecuador.
Paulo Bustillos, miembro de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, una entidad que promueve la iniciativa, dijo a Efe que representantes de organizaciones nacionales e internacionales participan en el evento, inaugurado en la ciudad de Cochabamba.
Este tribunal es una iniciativa ética de la sociedad civil y los grupos indígenas que pretende llamar la atención sobre la necesidad de sancionar a empresas o países que contaminan el ambiente y provocan daños en la atmósfera.
El primer caso expuesto hoy fue la acusación de la comunidad campesina Khapi, situada en una provincia de La Paz, y la ONG Agua Sustentable contra varios países que emiten gases que provocan el cambio climático y han afectado al nevado paceño Illimani.
La demanda señala que la vida y la producción agrícola de esa comunidad dependen de las aguas de la montaña.
El segundo caso planteado fue una denuncia de indígenas de El Salvador contra su Estado por su presunta "omisión de responsabilidades" y por su supuesta "complicidad con trasnacionales en la depredación del territorio".
La tercera denuncia corresponde a la ONG Acción Ecológica de Ecuador que acusa a la fundación holandesa Forest Absorbing Carbon Emissions (FACE) por un proyecto de captación de carbono, pero que no beneficia a los indígenas encargados de cuidar un bosque.
La Fundación "Puente Entre Culturas" acusó a 12 Gobiernos suramericanos, bancos y empresas promotores de la Iniciativa para la Integración Regional de Sud América (IIRSA), que plantea la ejecución de 500 proyectos que, según los denunciantes, causan "deforestación masiva y aumento de emisión de carbono".
Bustillos señaló que para mañana está previsto el análisis de dos casos peruanos sobre daños ambientales causados por actividades mineras y una denuncia contra el Gobierno de Colombia y la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de ese país por producir combustibles a partir de ese producto.
"Se busca que de acá salgan varias recomendaciones que puedan demandar acciones de compensación o de modificación de políticas de los Estados para ya no seguir contaminando y asumir las responsabilidades sobre el daño ecológico que están haciendo", dijo.
Entre los miembros del tribunal ético están Ricardo Navarro, de El Salvador, Miguel Palacín (Perú), Nora Morales de Cortiñas y Beverly Keene (Argentina), Joseph Henry Vogel (Costa Rica), Tom Kucharz (Alemania) y Brid Brenann (Holanda).
