CRIMINALIDAD**Cuando el aparato estatal encargado de perseguir, investigar y juzgar el delito le falla a la comunidad, que paga sus sueldos, automóviles y despachos refrigerados, permitiendo que algún criminal se salga con la suya, la confianza en la administración de justicia en su conjunto - policías, fiscales, jueces y magistrados - se erosiona, y la fe en las instituciones y en el Gobierno, se pierde.
IMPUNIDAD**Y cuando eso ocurre, reina la impunidad, florece el crimen y la inseguridad se apodera del país, deteriorando el clima para las inversiones y la calidad de vida en nuestro suelo. Impera entonces el desgano entre los agentes de policía e investigadores, y florece la corrupción. ¿Para qué denunciar o atrapar a un delincuente que al poco tiempo los jueces liberan por algún tecnicismo cualquiera?
FALLO**La enseñanza que queda es que, en este país, el delito paga. Una muestra es el reciente fallo del Segundo Tribunal Superior y de la Sala Penal de la Corte, que declara ilegal el decomiso y ordena devolver a una condenada por narcotráfico, dos apartamentos, un BMW y dos locales comerciales, sólo porque el jefe de la PTJ no ratificó bajo juramento el inventario de los bienes requisados.