Un acuerdo del Gobierno de Guatemala, que declara como "secretos" todos los archivos y documentos de la Presidencia y de su Secretaría Privada, los que considera "información reservada", cobró vigencia a partir de hoy, informaron fuentes oficiales.
Esa norma, que es calificada por opositores como "una aberración", según expertos es "inaplicable" por contradecir lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual asegura la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
El acuerdo gubernativo, que fue publicado el viernes en el diario oficial Centroamérica, "clasifica" por un plazo de cinco años, a partir de hoy, toda la documentación, archivos, correspondencia y demás comunicaciones relacionadas con la Presidencia y la Secretaría Privada.
Según la decisión Presidencial, son "información reservada", y por lo tanto "secreta", todas las "solicitudes de audiencia, informes, correspondencia, invitaciones u otras gestiones" dirigidas al Presidente, la Secretaría y Subsecretaría Privada de la Presidencia, así como la Dirección Ejecutiva de esta.
La decisión también incluye "toda la información" que se genere entre la Presidencia y "todos" los Ministerios, dependencias y entidades del Gobierno, así como el cuerpo diplomático, empresas, particulares, organismos internacionales y cualquier otra institución.
La diputada Rosa María de Frade, presidenta de la sala legislativa de Transparencia, dijo a medios locales que el acuerdo presidencial "es una aberración que confirma lo que hasta ahora hemos visto: que no existe una actitud de transparentar la gestión pública".
La Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que fue aprobada el pasado 23 de septiembre por el Parlamento de Guatemala, y que cobró vigencia siete meses después, establece que la única información que el Gobierno puede calificar de "reservada" es la relacionada con asuntos de defensa y seguridad nacional.
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, quien según la ley es el encargado de vigilar su cumplimiento, dijo que la decisión Presidencial no puede ser acatada porque "sus restricciones no entran en las reservas que la ley establece".
Además, aclaró que el acuerdo gubernativo que contiene la disposición "no puede anular lo que una ley ya reglamentada" establece.
El Gobierno se limitó a indicar que la medida no vulnera la Ley de Libre Acceso a la Información.
