La defensa del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo trabajaba hoy en el inicio de una larga batalla que evite su extradición a EE.UU., aprobada el miércoles en primera instancia por un juzgado del país centroamericano y a la que el actual mandatario, Álvaro Colom, dijo que no se opondrá.
"Estamos trabajando en eso (la apelación). En las próximas horas se presentarán los recursos pertinentes", dijo a los periodistas el abogado Telésforo Guerra, quien dirige el equipo de defensores de Portillo.
Un tribunal de Sentencia Penal de Guatemala falló el miércoles a favor de que el ex gobernante sea extraditado a Estados Unidos para que sea procesado por el delito de conspiración para lavar dinero.
Los jueces accedieron a la extradición tras determinar que existen "suficientes elementos de prueba" que justifican la petición de la Fiscalía de Nueva York, que acusa a Portillo de usar el sistema bancario de ese país para "lavar" unos 70 millones de dólares supuestamente desfalcados de las arcas del Estado guatemalteco durante su mandato (2000-2004).
El camino que se debe transitar para que se concrete la entrega de Portillo a la Justicia estadounidense se presenta largo y lleno de obstáculos, no sólo por los recursos legales que su defensa planea presentar para evitarla, sino porque antes deberá concluir otro proceso penal que se ventila en su contra ante un juzgado local.
Según el fallo del tribunal, Portillo primero deberá cumplir con el proceso que se instruye en Guatemala por peculado, por la presunta malversación de unos 14,9 millones de dólares.
Por esta acusación, que ha sido respaldada con investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), que trabaja en Guatemala con el auspicio de la ONU, el ex mandatario fue extraditado de México en octubre de 2008, aunque logró evadir la prisión con el pago de una fianza de 120.000 dólares.
Este proceso, por el que enfrenta una condena de hasta diez años de prisión en caso de ser declarado culpable, según fuentes judiciales, podría extenderse "por muchos meses, e incluso años", si la defensa así se lo propone.
De momento, los abogados de Portillo tienen hasta el próximo lunes para apelar ante una Sala de Amparos el fallo que dio luz verde en primera instancia a la extradición.
En caso de que la sala ratifique esta decisión, el ex mandatario puede acudir en última instancia a la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país centroamericano.
Según Guerra, la resolución del tribunal "es totalmente ilegal porque está plagada de inconstitucionalidades" y se basó en criterios políticos y no en pruebas jurídicas.
Por su parte, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Ronaldo Robles, dijo a los periodistas que el presidente Álvaro Colom "está dispuesto a cumplir con la ley" y a no interferir en las decisiones de los tribunales, por lo que ratificó su determinación de autorizar la extradición del ex gobernante.
Según la legislación local, es el presidente al que le corresponde en última instancia autorizar la extradición de un guatemalteco para que sea procesado en otro país.
"El Gobierno respeta los procesos judiciales y, cuando se agoten todos los procedimientos, se debe cumplir con los fallos", señaló Robles.
En los últimos veinte años han sido extraditados a los Estados Unidos siete guatemaltecos acusados por la Justicia de ese país de delitos de narcotráfico, entre ellos el político Arnoldo Vargas, antiguo alcalde de la ciudad de Zacapa (noreste), pero nunca un ex presidente.
Desde el restablecimiento del sistema democrático en Guatemala, además de Portillo, el único ex gobernante que ha sido procesado por delitos de corrupción durante su mandato fue Jorge Serrano (1990-1993), quien tras un fracasado autogolpe de Estado huyó a Panamá, en donde permanece asilado desde entonces.
El fiscal general, Amílcar Velásquez, celebró el fallo en primera instancia y dijo a la prensa que "se ha dado un paso importante en contra la impunidad" en el país.
"Esto es algo histórico. Es un logro someter a la Justicia a un ex funcionario a quien se le atribuyen hechos delictivos", así como un mensaje claro de que "nadie es superior a la ley".
