Un grupo de ONGs denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el aumento de las agresiones a los defensores de derechos en Guatemala, que ascendieron a 305 en 2010.
La situación de los defensores de derechos humanos en Guatemala se ha agravado en los dos primeros meses de 2011, periodo en el que se han triplicado las agresiones y se han contabilizado diez asesinatos.
Así lo explicó Marcela Martino, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) durante la última jornada de audiencias públicas de la CIDH en el marco del periodo 141 de sesiones, que comenzó el 21 de marzo y que se prolongará hasta el próximo 1 de abril.
Según las asociaciones, la violencia contra los defensores la ejerce el crimen organizado, pero también el propio Estado guatemalteco, sobre todo cuando se denuncian casos de corrupción que afectan a sus funcionarios.
"El Gobierno alienta la percepción de que las personas que luchan por los derechos son desestabilizadores, terroristas, y defensores de los delincuentes", esgrimió Martino.
En este sentido, la delegación del Estado de Guatemala en la audiencia llamó a diferenciar entre los defensores que realizan su labor pacíficamente y las personas que "incitan a la violencia y alteran el orden público".
"El Gobierno tiene mecanismos de protección para los defensores, pero estos no son aplicables a las personas que alteran la paz del país, porque tenemos la obligación de velar por el resto de ciudadanos", dijo Hugo Martínez, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala.
Los defensores más afectados por las agresiones son los que trabajan en favor del derecho al desarrollo y a la verdad, seguidos por sindicalistas y los que ayudan a campesinos e indígenas.
En el turno de preguntas de la CIDH, el comisionado Paulo Sérgio Pinheiro interrogó a la delegación del Gobierno de Guatemala sobre el uso de las Fuerzas Armadas en casos sencillos de desalojo, y mostró su preocupación por esta práctica.
Martínez alegó, en nombre del Ejecutivo, que la Constitución guatemalteca contempla que el Estado puede recurrir al Ejército tanto para la seguridad interna como la externa.
Asimismo, Martínez se esforzó en subrayar que el Gobierno está protegiendo actualmente a 261 defensores y 15 ONG, algo que las asociaciones que actuaron como peticionarias en la audiencia admitieron, pero tacharon de "insuficiente e ineficaz".
