Parlamentarios y sectores opositores al Gobierno de Evo Morales en el departamento oriental de Santa Cruz denunciaron hoy que el Ejecutivo ha comenzado a aplicar una "política intervencionista" en contra de los empresarios de esa región.
La denuncia tiene origen en la reciente expropiación forzosa de una gran finca propiedad de la familia del empresario opositor Branco Marinkovic en Santa Cruz, acción enmarcada en el proceso de saneamiento de tierras impulsado por el Ejecutivo.
Representantes de la Brigada Parlamentaria Cruceña, de la Prefectura (gobernación) de Santa Cruz, de la Cámara Agropecuaria del Oriente y del Comité Cívico de esa región se reunieron hoy "de emergencia" para analizar "las graves irregularidades" existentes en el saneamiento de tierras, señala un comunicado de esas entidades.
Las instituciones observaron que el saneamiento de los predios de propiedad de la familia Marinkovic, revertido la semana pasada a favor de los indígenas guarayos del lugar, "ha sido desarrollado con insubsanables irregularidades procedimentales de orden jurídico que denotan que se trata de un tema político".
"Este aspecto deja en claro que este es el comienzo de una política intervencionista por parte del Gobierno central en contra del aparato productivo de nuestro departamento", agrega la nota.
Las entidades reunidas hoy propusieron una "Gran Cumbre Departamental", que deberá realizarse antes del 25 de diciembre, para "elaborar una estrategia departamental coordinada que conlleve a la defensa del aparato productivo" cruceño.
El viceministro de Tierras de Bolivia, Alejandro Almaraz, entregó el pasado miércoles una orden de desalojo a la hermana de Marinkovic para cumplir con una resolución judicial sobre una finca de más de 12.000 hectáreas, argumentando que esa familia había ocupado "ilegalmente" las tierras.
Según medios locales, la familia del empresario ya abandonó los predios, por lo que no fue necesario usar la fuerza para el desalojo.
El presidente Morales negó el fin de semana que exista una persecución política contra Branco Marinkovic y justificó la reciente decisión de su Gobierno de repartir a indígenas las tierras expropiadas a esa familia.
Marinkovic, que ha liderado el movimiento cívico y autonomista de Santa Cruz, cuya capital es un bastión de políticos y dirigentes empresariales opositores al mandatario, es investigado por la Fiscalía boliviana por su presunta relación con un grupo terrorista desarticulado en abril pasado.
Según el Gobierno y la Fiscalía, la supuesta banda fue contratada por algunos líderes cruceños para asesinar al jefe de Estado, formar milicias de defensa de Santa Cruz de una posible intervención gubernamental y promover la secesión territorial de ese departamento.
