La organización Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala denunció hoy que la iniciativa de ley que discute el Parlamento, por la que los condenados que tengan más de 80 años pueden cumplir sus penas en su casa, también incluye a aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad.
Una decena de organizaciones que integran la Convergencia por los Derechos Humanos denunció hoy que la iniciativa que discute el Congreso busca beneficiar a los que han cometido delitos de lesa humanidad y los que violaron las garantías constitucionales durante el conflicto armado (1960-1996).
La normativa, identificada como Ley 3711 y que sólo se ha discutido en una de tres lecturas, busca reformar el Código Penal para que los condenados a prisión por cualquier delito, si cumplen la edad, puedan acceder a ese beneficio, además, la iniciativa contempla a los que padezcan de una enfermedad incurable en periodo terminal.
En un comunicado, las instituciones humanitarias advierten que la normativa sería "una amnistía para todos aquellos violadores de los derechos humanos".
"No es justo, el proyecto original exceptuaba a quienes cometieron delitos de lesa humanidad", manifestó, por su lado, la diputada izquierdista Nineth Montenetro.
Según la Convergencia por los Derechos Humanos, esa iniciativa pone en riesgo la lucha por la justicia que han promovido en contra de los violadores de las garantías constitucionales.
"Nos oponemos rotundamente a que el Congreso apruebe este tipo de iniciativas, por lo cual hacemos el llamado a las autoridades gubernamentales en general para no retroceder en los avances que se han logrado en estos últimos años", destaca el comunicado.
Entre exaltos cargos militares que afrontan procesos judiciales por delitos de lesa humanidad se encuentra el general retirado golpista Oscar Mejía Víctores, quien supera los 80 años.
Hace dos semanas, los tribunales de justicia declararon incapaz al militar retirado de afrontar un juicio debido a un derrame cerebral que le causó limitaciones mentales y físicas, y sus abogados buscan que se le prescriba el delito.
Mejía Víctores se encuentra internado en un hospital militar.
