Un grupo de familiares de los diez alcaldes y 19 funcionarios mexicanos arrestados por sus presuntos nexos con el cártel de La Familia Michoacana denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presuntas violaciones a los derechos de sus parientes, informó hoy el organismo.
"Como principales motivos los quejosos aducen el no conocer las causas específicas de su detención y el no haber contado con derecho de audiencia previa", indicó en un comunicado el organismo público con funciones de oficina del Defensor del Pueblo.
El titular de la CNDH, José Luis Soberanes, manifestó en la nota que el Gobierno mexicano pudo haber avisado al gobernador michoacano, Leonel Godoy, antes de lanzar la operación en su contra.
El hecho de que Godoy no fuera informado del operativo antidrogas en Michoacán generó polémica en el país, ya que algunos sectores ven en esa omisión una intromisión del Ejecutivo en los asuntos de esa región.
"En cualquier circunstancia hay modos y formas", aseguró Soberanes, uno de los representantes públicos que más crítico se han mostrado con el empleo del Ejército en labores de seguridad pública en México, dentro de la campaña contra el crimen organizado lanzada por el presidente mexicano Felipe Calderón.
El titular de la CNDH insistió en que "debe planearse el reforzamiento de la Policía Federal así como el retiro gradual de las fuerzas armadas para su regreso a los cuarteles", agrega el comunicado.
Por otra parte, los abogados de los alcaldes Coahuayana y Aquila, municipios ambos de Michoacán, que están detenidos desde el 25 de mayo, criticaron la operación lanzada hace dos días y consideraron frágiles las pruebas contra sus clientes.
El letrado Francisco Valdovinos sostuvo ante la emisora MVS que se estaba abusando "de las garantías individuales (derechos humanos)" de su cliente, el alcalde de Coahuayana, Audel Méndez Chávez, porque su detención se basa únicamente en declaraciones y no en pruebas firmes.
"Si bien existen algunos elementos que la PGR (fiscalía) dice haber encontrado, consideramos que no son suficientes ni contundentes para tratar de entablarles la responsabilidad y tenerles en calidad de 'indiciados' (detenidos pero sin cargos en su contra)", dijo por su parte Ismael Jiménez Nambo, abogado del alcalde de Aquila, José Cortez Ramos.
