Presuntos miembros de grupos paramilitares de extrema derecha asesinaron ayer al menos a 20 personas en dos ataques en un pueblo petrolero y cocalero del noreste de Colombia, informaron las autoridades.
Los ataques ocurrieron en dos sectores del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander y cerca de la frontera con Venezuela, escenario de varias matanzas en el último año.
La masacre fue la última de una serie de crimenes colectivos en el norte de Colombia que han dejado más de 60 víctimas fatales desde febrero.
"Hay 20 personas muertas y seis heridas, pero no sabemos quienes cometieron la matanza", dijo telefónicamente a Reuters un funcionario de la Alcaldía de Tibú.
Pero el comandante de la quinta brigada militar, general Martin Orlando Carreño, acusó a los temidos escuadrones paramilitares.
El funcionario de la alcaldía, que solicitó el anonimato, precisó que la mayoría de las víctimas eran hombres que habitaban en casas pobres en dos barrios instalados en tierras invadidas y que recibieron disparos de fusiles y pistolas.
En la región de Tíbu, con 20.000 habitantes, operan columnas de los tres grupos guerrilleros izquierdistas de Colombia que mantienen una guerra con los paramilitares por el control territorial.
Además de petróleo, en losdores de Tibú las autoridades han detectado enormes plantaciones de coca y laboratorios para la producción de drogas.
Hace casi un año, las frecuentes incursiones paramilitares y las masacres provocaron un éxodo masivo de campesinos colombianos hacia Venezuela, en donde recibieron asistencia y luego fueron repatriados.
La masacre se registró cinco días después de que la guerrilla dinamitó un puente sobre la carretera que conduce desde Cúcuta a Tibú, lo que mantiene bloqueado el tráfico de vehículos.
Los paramilitares, que reciben apoyo de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla, son acusados de cometer las mayores violaciones a los derechos humanos en este país de 40 millones de habitantes, donde el conflicto armado que cobró 35.000 vidas en la última década.
Esos grupos son acusados de contar con el apoyo de un sector de las fuerzas armadas y el gobierno ha recibido presiones internacionales para que los combata.
