Acusaciones por venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia

El Ejército argentino y distintos ex funcionarios cruzaron acusaciones y descargos ayer en relación al escándalo por venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, a pesar de embargos internacionales.
La justicia comprobó que unas 6.500 toneladas de fusiles, cañones, pólvora y municiones fueron traficadas a la ex Yugoslavia, durante la guerra civil entre 1991 y 1994, en tanto que otras 75 toneladas llegaron ilícitamente a Ecuador, cuando libraba su guerra con Perú, en 1995.
Argentina -junto con Brasil, Chile y Estados Unidos- era garante de la paz entre Perú y Ecuador.
Sobre Croacia pesaba una prohibición dictada por Naciones Unidas.
El ex ministro de Defensa y Trabajo, Antonio Erman González, sembró sospechas ayer ante la justicia sobre la participación en ese tráfico de sus ex colegas Domingo Cavallo, Oscar Camilión y el ejército de tierra. Dijo, en posteriores declaraciones a la prensa, que durante su gestión en Defensa partió del país sólo uno de los siete buques que transportaron material bélico a Croacia en forma clandestina.
Ironizó incluso que "si Cavallo sabía tanto ¿por qué firmó cinco decretos?".
El ex ministro de Economía había denunciado que González planificó y ejecutó "el negocio de las armas" junto al secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan.
La rúbrica del actual diputado Cavallo figura en los decretos del Poder Ejecutivo que autorizaron exportaciones de material bélico con destinos diferentes a los que en verdad tuvieron las armas.
Cavallo acusó ayer a González, a través de un comunicado, de "mentir alevosamente" y reprochó que "la conducta de González pone en evidencia la importancia de llevar adelante nuestro plan de lucha contra el crimen". "Lamentablemente -subrayó-, con la legislación vigente, Erman González no será condenado por falso testimonio, a pesar de mentir alevosamente en su declaración como imputado en la causa por la venta de armas".
Por su lado, el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, rechazó también las acusaciones de González -quien lo precedió en ese cargo-, y aseguró que él, en todo momento, ejerció "la responsabilidad política que debía". En declaraciones a diversas radioemisoras, Camilión -involucrado por omisión de denuncia en el desvío de armas a Croacia y a Ecuador- dijo que no acepta las imputaciones de González, ya que "no sabía que había exportación de armas, ni que había un decreto suscrito previo al que yo suscribí".
Agregó que "este caso siempre tuvo una alta dosis de política".
Ayer, por radio del Plata, el jefe de esa fuerza, teniente general Martín Balza, reiteró que el Ejército "no entregó absolutamente nada, nunca, para vender" en forma ilegal a Ecuador y Croacia, y que tampoco participó en "ningún asesoramiento, elaboración ni firma de decreto alguno" sobre venta de armas.
Asimismo, el militar volvió a ofrecer "todas las explicaciones a la sociedad; es una posición muy clara y la vamos a seguir exponiendo en las instancias que corresponden".
Recordó que los decretos presidenciales "eran secretos, y que tomamos conocimiento de ellos en mayo de 1996, cuando se hicieron públicos en el Boletín Oficial".
Por su lado, el ministro del Interior, Carlos Corach, expresó ayer sobre el tema que "ya bastante se ha hecho un escandalete mediático" y que "nosotros en el gobierno federal estamos absolutamente tranquilos y esperamos el pronunciamiento de la justicia". Al hablar con la prensa en las puertas de su domicilio, Corach ratificó que el gobierno "cumplirá con todos los requerimientos que la justicia indique" para colaborar con la investigación.
González, que deberá volver a declarar el próximo martes, está acusado por la presunta falsedad ideológica de tres decretos que autorizaron exportaciones de armas y municiones a Panamá y Venezuela, cuando su verdadero destino fue Croacia.
El armamento supuestamente destinado a Panamá habría formado parte del cargamento que Argentina remitió a Croacia en pleno conflicto bélico en los Balcanes.
En la investigación están involucrados medio centenar de funcionarios de gobierno y militares, cuyas firmas avalaron los embarques del material bélico, en los que figuraban falsos destinos.