La directiva de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) recibió un espaldarazo de los asambleístas del Movimiento Quinta República (MVR), partido del presidente Hugo Chávez, para suscribir un acuerdo de cohabitación de poder con el Congreso.
Los constituyentes simpatizantes del gobierno acordaron otorgarle un voto de confianza al presidente de la asamblea Luis Miquilena y a los vicepresidentes Isaías Rodríguez y Aristóbulo Istúriz, quienes negociaron un pacto con la oposición bajo el auspicio de la Iglesia Católica, reseñó la prensa ayer.
Rodríguez, vocero de la reunión, señaló que la ANC -conformada en su mayoría por simpatizantes a Chávez- y el Congreso "están trabajando sobre un entendimiento en el cual se respeten las posiciones de principio de cada uno de los factores".
"No hagamos nada que pueda producir una crisis política en el otro. Ninguna de las dos partes renuncia a nada, sino que el sentido común y una especie de Espíritu Santo se apodera de nosotros para tratar de no lesionar los intereses del otro", agregó.
Fuentes del MVR, citadas por el diario El Universal, señalaron que un acuerdo ANC-Legislativo contemplará la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso a partir del 2 de octubre, como manda la actual Constitución de 1961, pero con base en una agenda legislativa previamente pactada con la Asamblea.
Este acuerdo podría provocar la emisión de un nuevo decreto de la ANC, autorizando las sesiones sólo para la discusión del presupuesto del año 2000, créditos adicionales y otras leyes menores.
En contraparte, la oposición se comprometería a no insistir en el llamado a sesiones extraordinarias y regular su función legislativa ateniéndose a la agenda acordada con la ANC.
La semana pasada, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, dimitió a su cargo y denunció que la Asamblea Constituyente había asumido funciones que atentaban contra la democracia.
Sosa denunció que el cuerpo estaba ejecutando actos de gobierno que no le correspondían a los decretos de emergencia judicial y reestructuración de los poderes públicos que acordaron los asambleístas.
Esta declaración impulsó a los congresistas de los partidos de oposición a convocar sesiones extraordinarias al Congreso para evaluar las acciones de la Asamblea, situación que llevó a los constituyentes a emitir un decreto de emergencia para anular las funciones del poder legislativo.
Ante esta decisión, los congresistas de los partidos de oposición el socialdemócrata Acción Democrática, el socialcristiano Copei y el conservador Proyecto Venezuela, desataron una abierta confrontación con la Asamblea, que culminó en enfrentamientos callejeros el 27 de agosto. La Corte Suprema está considerando dos recursos de nulidad y un amparo contra el decreto de emergencia legislativa, introducidos por el vicepresidente Henrique Capriles.
La Asamblea Constituyente, proyecto político del presidente Hugo Chávez, fue elegida el 25 de julio y tiene un plazo de seis meses para elaborar una nueva carta magna.
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