En un intento por evitar la liberación del ex dictador Augusto Pinochet, Bélgica y seis grupos defensores de los derechos humanos exigieron ayer ante la Corte Suprema británica poder ver la evidencia médica en la que se basa el secretario del Interior británico, Jack Straw, para pretender permitir el regreso del general retirado a Chile.
Al abrir la presentación, el abogado del gobierno belga, Nigel Plemming, manifestó a la corte que "Bélgica reclama que se le ha negado la oportunidad de objetar la decisión del secretario del interior de poner fin al procedimiento de extradición con relación al senador Pinochet".
Straw fue acusado ante la Corte Suprema de actuar de manera ilegal e irracional al negarse a revelar el contenido del informe médico de Pinochet, detenido en Londres desde hace 15 meses a pedido del juez español Baltasar Garzón. El magistrado quiere enjuiciar al ex dictador por violaciones a los derechos humanos durante su régimen, de 1973 a 1990.
Plemming dijo que Straw había "violado la justicia natural". El magistrado afirmó que era imposible saber cómo Straw pudo haber alcanzado una decisión legal, justa y razonable sin permitir a Bélgica que viera el informe del examen médico que se le practicó al ex mandatario el pasado 5 de enero.
La petición actual podría ser examinada el martes y la decisión de los jueces sería anunciada el miércoles o jueves. Los demandantes afirman que no pueden responder a un informe que no conocen y por eso buscan primero poner en tela de juicio la actitud de Straw.
El 13 de enero el secretario del Interior declaró ante la Cámara de los Comunes que el senador vitalicio chileno no está apto físicamente para ser enjuiciado, por lo que se veía inclinado a liberarlo por razones médicas.
El año pasado el juez británico Ronald Bartle autorizó la extradición de Pinochet a España para ser sometido a juicio por crímenes de lesa humanidad.
Garzón, quien pidió la detención de Pinochet en Londres a mediados de octubre de 1998, no participa en este reclamo.
El gobierno español de José María Aznar se ha negado a tramitar los nuevos reclamos de Garzón, afirmando que el caso ha pasado ahora de la esfera judicial a la política.
Según el informe de la llamada comisión Rettig, más de 3.000 personas murieron o desaparecieron durante el régimen que encabezó Pinochet entre 1973 y 1990.
Amnistía Internacional reclamó la semana pasada a Aznar que deje de bloquear las acciones de Garzón, quien depende de los canales diplomáticos para llegar hasta la justicia británica.
La semana pasada la Corte Suprema de Justicia de España, desestimando una demanda planteada por el abogado Joan Garcés en Madrid, rechazó obligar al gobierno a cambiar de posición.
Mientras se desarrolla el proceso en los tribunales británicos, un avión de la Fuerza Aérea de Chile, equipado con instrumental médico, se encuentra en la base militar de Brize-Norton, en el noroeste de Londres, listo para llevar al ex presidente en caso de que sea liberado.
