La justicia argentina dispuso ayer, a pedido del juez español Baltazar Garzón, la captura de 12 militares retirados y 6 civiles acusados de haber cometido delitos de "terrorismo y genocidio" durante la última dictadura militar en el país.
"El juez federal Gabriel Cavallo ordenó la deón de 18 personas a pedido del juez Garzón, que las pidió para juzgarlas por los delitos de terrorismo desarrollado en base a múltiples muertes, lesiones y detenciones ilegales, secuestros, desaparición forzada de personas y genocidio", dijo a Reuters una fuente judicial que pidió anonimato.
"Cavallo espera el pedido formal de España para su extradición", dijo la fuente y añadió que "el pedido de Garzón fue librado el 21 de agosto último y fue presentado ante la justicia argentina por la Interpol". La dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 dejó entre 15,000 y 30,000 desaparecidos.
Los líderes del gobierno de facto fueron juzgados y condenados a prisión en 1985, pero luego se beneficiaron por un indulto decretado en 1990 por el entonces presidente, Carlos Menem, detenido actualmente por tráfico de armas.
Los represores con rangos menores, muchos famosos por sus sádicas prácticas de tortura, también recibieron leyes de perdón que les permitieron esquivar órdenes de captura internacional.
En julio, una jueza ordenó detener a uno de los torturadores más emblemáticos de la dictadura por pedido de Italia, pero el gobierno se negó a extraditarlo y recuperó su libertad.
Entre las 18 personas requeridas por Garzón se encuentra un juez destituido recientemente -Víctor Hermes Brusa- y los marinos Fernando Enrique Peyón, Raúl Enrique Scheller y José Antonio Suppicich, entre otros. Una fuente de la Policía Federal Argentina dijo desconocer la orden de detención. Tampoco se difundió si los militares con pedido de captura están en servicio activo o son retirados.
Las 18 personas requeridas por Garzón no están incluídas en una nómina de 48 militares que ya había solicitado la justicia española para esclarecer estos delitos.
