El auditor de la Iglesia católica de Guatemala en el proceso sobre el asesinato del obispo Juan Gerardi, Acisclo Valladares, se mostró ayer convencido de que el sacerdote Mario Orantes será puesto en libertad el martes porque, dijo, es "inocente" del delito del que está acusado.
El Juez Segundo de Primera Instancia Penal, Henry Monroy, rechazó ayer por "improcedente" la libertad de Orantes, solicitada por la Fiscalía, pero fijó para el 16 de febrero una audiencia en la que se decidirá el futuro del sacerdote, acusado del asesinato de su superior.
"El 16 de febrero podremos expresar con júbilo la libertad de Orantes", dijo el ex fiscal Valladares en una rueda de prensa, poco antes de entregar al Arzobispo Primado de Guatemala, Próspero Penados, los resultados de su auditoría en el caso Gerardi, asesinado a golpes el 26 de abril de 1998.
El ex fiscal (1991-1993) acusó al Estado de "ineficiente" para investigar el crimen y al Ministerio Público (MP), de "ignorante" y de "malicioso" por solicitar, el pasado viernes, la excarcelación provisional del cura, porque de hecho sabía que se iba a rechazar.
Valladares reiteró que en los expedientes judiciales la acusación contra Orantes es "totalmente inconsistente" y aseguró que el MP montó toda una farsa para culpar a un inocente.
Según el auditor, el próximo martes el sacerdote saldrá en libertad por la puerta grande, y no como pretendía el Fiscal General, Adolfo González, "por la puerta de atrás de la prisión".
El ex fiscal dijo que el MP debe reconocer su error porque "errar es de humanos, pero persistir es injustificable".
Según Valladares, si el Juez decide abrir un juicio al religioso, "el único perdedor será el Estado, que quedará en ridículo por su negligencia e incapacidad para proteger la vida de Gerardi y por no castigar a los responsables de su asesinato".
El asesinato del obispo fue una "ejecución extrajudicial" y esa hipótesis no se ha investigado, recalcó.
Valladares agregó que se espera que el próximo martes Orantes quede en libertad para que se "cierre esta triste página de la infamia y quede expedito el camino para castigar a los verdaderos responsables del asesinato".
En la audiencia del próximo martes no procede pedir la clausura provisional del proceso, como pretende el MP, porque Orantes seguiría ligado al juicio, sino el sobreseimiento, es decir, la libertad del sacerdote sin condiciones, señaló Valladares.
A su juicio, sin embargo, lo más importante no es la excarcelación del sacerdote, detenido desde el 22 de julio, sino la investigación, persecución y castigo de los culpables del "execrable crimen".
El ex fiscal dijo que el Estado de Guatemala tiene "una gravísima responsabilidad" en la acusación contra el clérigo y esa situación debe resolverse ante los foros internacionales.
Valladares también señaló que Orantes tiene sobradas razones para exigir responsabilidades a sus acusadores, pero aclaró que eso deberá decidirlo el sacerdote.
Además de a Orantes, el juez debe poner en libertad a su mascota, el perro Balú, que todavía está recluída en un depósito judicial, añadió Valladares.
Balú fue detenido el 22 de julio de 1998 junto a su dueño y a la cocinera Juana Margarita López, quien está en libertad condicional.
El ex fiscal guatemalteco también calificó de "ridículas" las acusaciones formuladas contra otros miembros de la Iglesia católica, entre ellos monseñor Efraín Hernádez y el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), Ronald Ochaeta.
Esas acusaciones forman parte de la guerra psicológica y carecen de consistencia pero causan un "grave daño" a la Iglesia, destacó.
Valladares expresó su preocupación por la vida del juez Monroy, que tiene a su cargo el proceso judicial para esclarecer el asesinato de Gerardi, así como por la de Orantes, y pidió al Estado que preste protección a ambos.
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