El ex ministro de Defensa argentino, Oscar Camilión, reiteró ayer sus sospechas de que es utilizado como "cobertura" de otras personas presuntamente involucradas en el tráfico ilegal de armas, como el jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, y hasta el propio presidente Carlos Menem.
En declaraciones a radio El Mundo, el ex funcionario se declaró extrañado por haber sido citado a ampliar su declaración indagatoria, cuando otros no fueron llamados a declarar en la causa sobre contrabando de armamentos a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995.
Por esa causa, Camilión fue obligado a renunciar como ministro de Defensa en 1996.
El juez federal Jorge Urso citó la víspera a Camilión a comparecer el jueves 24 de junio y, por la misma causa, pero para el jueves 17, al ex ministro de Trabajo, Antonio Erman González.
Sobre la convocatoria judicial, Camilión señaló que "pienso que he sido siempre parte de un operativo de cobertura", porque "hay muchas otras indagatorias (pedidas por el fiscal Carlos Stornelli) que aún no se han producido, como en el área militar, Balza, por ejemplo, que el juez (Urso) no ha resuelto".
Consultado por la radio si también se estaría tratando de tapar la responsabilidad del propio Menem -que firmó en su momento el decreto secreto de venta de armas-, Camilión respondió con un "tal vez", aunque aclaró que "no me corresponde a mí juzgarlo" por su intervención en el caso.
El ex funcionario está procesado por no haber impedido en 1995 vuelos clandestinos a Ecuador con armamento en momentos que ese país estaba en guerra con Perú, y Argentina era uno de los garantes de la paz entre ambos. El ex ministro dijo que "soy procesado por no haber detenido un avión que no sabía que salía... es bastante kafkiano" y reveló que "tengo interrogantes" sobre la existencia de seguridad jurídica en el país, pero alegó que "no quiero ser demasiado categórico".
También se quejó de que "se ha intentado asociarme de manera casi exclusiva al tema y aparecen hechos que difícilmente se podrían ver, como la explosión de la fábrica militar de Río III" (provincia de Córdoba), sobre la cual hay fuertes sospechas judiciales de intencionalidad para disfrazar faltantes de armamentos.
Por su lado, Antonio Erman González (ministro de Defensa entre 1991 y 1993) está imputado en la causa que instruye Urso por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y supuesta falsificación de documentos oficiales.
También está involucrado en otra investigación que conduce el juez en lo penal económico Julio Speroni por el presunto contrabando agravado, no excarcelable, de 230 toneladas de pólvora a Croacia.
Speroni lo imputó por falsedad ideológica en la redacción y firma de tres decretos presidenciales que autorizaron las presuntas maniobras delictivas. Los envíos ilegales de pólvora y armas a Ecuador y a Croacia tenían como destinos originales Venezuela y Panamá.
