Chávez reduce poderes al Congreso y oposición denuncia golpe de Estado

El opositor Congreso de Venezuela, amenazado desde hace meses con ser disuelto, recibió ayer una estocada, cuando la Asamblea Constituyente limitó drásticamente sus funciones legislativas.
La Asamblea, dominada por partidarios del presidente Hugo Chávez, decretó la "regulación de las funciones del poder legislativo", dejándolo con atribuciones menores y suspendiendo las sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pilar político del presidente para "refundar la República" y encargada de redactar una nueva Carta Magna, se instaló el 3 de agosto declarándose con poderes sobre todas las instituciones públicas.
Cumpliendo con su premisa de "transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico", la ANC dejó en manos de pequeñas comisiones algunas atribuciones, en particular de la Comisión Delegada, que opera cuando el Congreso está de receso y que está conformada por 23 parlamentarios. Legisladores de oposición catalogaron la medida como el cierre y disolución del Congreso, y hasta como un golpe de estado.
"Se está consumando un golpe de estado contra la democracia venezolana... este es el asesinato del Congreso", dijo César Pérez, del opositor partido socialcristiano Copei.
Agregó que la ANC ha usurpado las funciones que le corresponden a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso, y que los legisladores harán sus sesiones de cámaras, desde el viernes, pues así lo decidió la Comisión Delegada en la víspera.
"Esta es una Asamblea borrega, al servicio del presidente del la República, quien ha ordenado la liquidación del Congreso porque carece de mayoría en él y porque no quiere un congreso que controle al gobierno", dijo.
El parlamento había cesado sus funciones legislativas el 29 de julio para evitar enfrentamientos con la Asamblea, concluyendo anticipadamente una prórroga de sus sesiones ordinarias.
El decreto del miércoles siguió a uno dictado el viernes pasado que resolvió una emergencia en el poder judicial, con el que se designó una comisión para evaluarlo y que puede remover magistrados de la Corte Suprema.
Ello provocó, el martes, la renuncia de la presidenta de la Corte, Cecilia Sosa, para quien el organismo perdió su autonomía y se "auto disolvió". Según el decreto, la ANC elegirá una Comisión Legislativa, de siete miembros, que estudiará proyectos de reglamentos, acuerdos y resoluciones, y velará por su ejecución. Además, elaborará un plan de actividades legislativas.