Juan Guzmán, que procesa en Chile al ex dictador Augusto Pinochet, declaró admisible una nueva querella en su contra por el delito de torturas, informó este miércoles el abogado de la acusación, Eduardo Contreras.
La querella fue presentada la pasada semana por un grupo de 643 presos políticos que fueron víctimas de abusos físicos y mentales en cuarteles y cárceles durante el gobierno que encabezó el general, que se encuentra detenido en Gran Bretaña hace 15 meses.
Pinochet, de 83 años, también ex jefe del Ejército y actual senador vitalicio, fue arrestado en Londres el 16 de octubre de 1998 a petición del juez español Baltasar Garzón, que le imputa violaciones de los derechos humanos durante su régimen de facto (1973-1990), entre ellas unos 3.000 asesinatos y fusilamientos.
El juez Garzón estudia los mismos crímenes denunciados a la justicia chilena y que desde hace dos años son investigados en un solo expediente por el magistrado Guzmán, de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Los libelos presentados ante el juez en Santiago suman 58, tras la aceptación del primero, en enero de 1998.
La decisión del magistrado Guzmán de acoger ahora a trámite la querella de los 643 presos torturados tiene importancia jurídica, pues se trata del delito que se tomó en cuenta para mantener la detención de Pinochet en Londres, explicó el abogado Contreras en rueda de prensa.
Garzón reclamó la entrega de Pinochet por cargos de "genocidio, torturas y terrorismo", pero finalmente la justicia británica aceptó tramitar el pedido de extradición sólo por los casos de tormentos cometidos en los últimos 15 meses de su gobierno, cuando ya regía la Convencion Mundial contra Tortura, que Chile, Gran Bretaña y España suscribieron en diciembre de 1998.
Sin embargo, Pinochet está hoy al borde de eludir su entrega a España y su procesamiento a manos de Garzón, tras la reciente decisión del ministro del Interior británico, Jack Straw, de permitir el regreso del ex dictador a Chile por razones de salud, amparándose en un exámen médico secreto, para permitir su retorno a Chile.
Bélgica y seis organizaciones humanitarias presentaron un recurso contra la decisión de Straw, que fue desestima el lunes por el Alto tribunal de Londres.Las partes decidieron entonces apelar.
El recurso fue interpuesto, además de por Bélgica, por las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional, the Medical Foundation for the Care of Victims of Torture, Human Rights Watch, the Redress Trust, the Association of Relatives of the Disappeared y Justicia.
