Denuncias opositoras sobre un plan de violencia para anular el comicio y temores en torno a una escalada paramilitar se anticiparon al cierre de la campaña de una crucial elección para gobernador en el sureño estado mexicano de Chiapas.
Más de dos millones de electores están habilitados para acudir el domingo a las urnas en el empobrecido estado, virtualmente militarizado desde hace seis años a raíz de una insurrección indígena encabezada por guerrilleros zapatistas.
Unos 4.000 observadores nacionales y extranjeros, incluyendo comisionados de las Naciones Unidas y la Premio Nóbel de la Paz en 1992, la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, supervisarán la tensa consulta ciudadana.
La elección en Chiapas será la primera desde la histórica victoria del presidente electo Vicente Fox, quien el 2 de julio derrotó a Francisco Labastida, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder desde hace 71 años.
Encuestas de intención de voto en Chiapas anticipaban la probable victoria --con una diferencia de hasta 20 puntos porcentuales-- del también opositor Pablo Salazar, candidato de una alianza de ocho partidos, sobre su adversario del PRI, Sami David.
Pero Salazar ratificó ayer denuncias sobre un presunto plan del actual gobernador, Roberto Albores, del PRI, que buscaría desatar la violencia durante la votación para anular posteriormente la elección y presentarse como candidato en un eventual nuevo comicio estatal.
"Tenemos informes de que sólo para Tuxtla Gutiérrez (la capital del estado), el PRI está contratando a 3.000 "reventadores"", dijo Salazar al diario El Universal.
El favorito candidato agregó que tales grupos planean "quemar urnas" y "usarán camisetas con el logotipo de la Alianza por Chiapas", para responsabilizar de la violencia a la coalición opositora.
