Al menos 20 personas fueron detenidas ayer en una región amazónica de Perú donde se inició un paro regional de 24 horas en protesta por la política centralista del gobierno, informaron los organizadores de la movilización. Las detenciones se produjeron en el departamento de Huánuco (este del país)cuando dirigentes huelguistas iniciaban coordinaciones para efectuar una marcha de protesta programada para el mediodía de ayer, se informó. Entre los detenidos se encuentra César Martel, presidente del Frente Cívico de Huánuco, denunció uno de sus familiares. El paro regional involucra, además de Huánuco, los departamentos
Amazónicos de Amazonas, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, donde las actividades quedaron reducidas ostensiblemente, mientras grupos de manifestantes
bloquearon carreteras y accesos a las ciudades, según informes policiales.
La medida es un preámbulo al paro cívico nacional de 24 horas del próximo 28 de abril para rechazar la política neoliberal del gobierno y repudiar los intentos de una segunda reelección del presidente Alberto Fujimori, dijo Víctor Rojas, del Frente de Defensa de San Martín (nororiente del país).
La paralización del 28 de abril es organizada por la izquierdista Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en coordinación con frentes regionales que agrupan a organizaciones cívicas y populares. Una de las demandas principales es la modificación de la ley de la Amazonía para que esa norma no sólo beneficie a los departamentos selváticos con zonas de frontera, sino que se amplíe a otras zonas.
Además exigen la ejecución de obras de desarrollo, como carreteras, instalación de servicios básicos, así como elecciones para la formación de gobiernos regionales autónomos.
Por otro lado, la situación endémica de violencia política que afecta al Perú fue reconocida por la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, en un informe divulgado esta semana y que señala un deterioro de los derechos humanos en ese país.
Una misión de la FIDH visitó Perú del 3 al 11 de agosto de 1998 con el propósito de hacer una observación sobre todo del sistema judicial peruano y las leyes de excepción dictadas para hacer frente a la violencia política.
El informe denuncia que una voluntad de controlar al poder judicial y de crear "artificialmente" las condiciones jurídicas de una tercera elección de Fujimori "han llevado a una parte de la clase política a desmantelar las instituciones democráticas".
Los miembros de la misión critican además la "insuficiencia en el tratamiento de las secuelas de la violencia".
Señalan, por ejemplo, que la política de "tierra arrasada" practicada por la organización terrorista Sendero Luminoso y por el ejército y la policía provocaron importantes desplazamientos de población entre las zonas rurales y las periferias de las grandes ciudades".
Estos habitantes "siguen sufriendo las consecuencias y pueden dar origen a "focos de violencia futura posible".
La misión indicó que la violencia en el Perú disminuyó en forma significativa después que el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, detenido en 1992, lanzase un llamamiento a establecer "acuerdos de paz".
Sin embargo, precisa el informe, "no se puede considerar que la violencia haya totalmente desaparecido".
Precisa que zonas principalmente cercanas a la selva amazónica "conocen todavía una situación endémica de violencia política".
Esas zonas tienen en común la extrema pobreza, la marginalización económica, social y cultural de poblaciones nativas, una presencia importante del narcotráfico y una intervención del Estado limitada a operaciones militares brutales e indiscriminadas.
"Es conveniente recordar -dice el informe- que una parte de Sendero Luminoso, llamado Sendero Rojo, no aceptó el principio de los acuerdos de paz preconizados por Abimael Guzmán y continúa sus actividades".
La misión hizo seis grandes recomendaciones, de las cuales la primera es "restaurar la institucionalidad democrática".
Las siguientes son: "garantizar el beneficio de un proceso equitativo", "desarrollar una defensa respetada y efectiva", "humanizar los establecimientos penitenciarios", "tratar en forma adaptada las secuelas de la violencia" y "respetar las normas y procedimientos internacionales".
La misión estuvo compuesta por Francoise Mathe, abogada de la ciudad francesa de Toulouse, Fabiola Letelier, abogada chilena y presidenta del CODEPU(Corporación de Promoción y defensa de los derechos del pueblo) y Antonio Donate, magistrado español, profesor de derecho penal y miembro de la organización "Jueces para la democracia".
