La propuesta de la guerrilla de las FARC de realizar una consulta popular para legalizar el canje de 500 rebeldes presos por cerca de 400 militares y policías secuestrados, abrió una polémica entre sectores políticos, mientras que el gobierno colombiano dijo que "estudia" la iniciativa, pero que aún no se pronunciará sobre ella.
La oficina del Alto Comisionado de Paz del gobierno, Víctor Ricardo, dijo que éste se encuentra analizando la propuesta formulada el lunes por Manuel Marulanda Vélez ("Tirofijo"), máximo dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El comisionado Ricardo se reunió durante el fin de semana con dirigentes de las FARC en una "zona de distensión", habilitada en el sur del país para facilitar las negociaciones de paz, en un intento por restaurar los interrumpidos diálogos.
Un día después de la reunión con Ricardo, el líder de las FARC envió una carta al presidente del Congreso, Miguel Pinedo, pidiendo convocar una consulta popular para que los electores respondan si quieren una ley de canje permanente que autorice al gobierno a intercambiar prisioneros con los rebeldes.
Marulanda aûadió que las FARC estarían dispuestas a salir a "la plaza pública" si se autoriza la realización de la consulta y propuso un plazo de cuatro meses para adelantarla.
En el pasado, el gobierno del presidente conservador, Andrés Pastrana, se ha manifestado opuesto a una ley permanente sobre el canje por considerar que institucionalizaría el secuestro como arma política.
Para analistas la propuesta de Marulanda se enmarca dentro del propósito de esa guerrilla de obtener el reconocimiento de "fuerza beligerante".
El politólogo Alejo Vargas, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional y experto en el tema de la insurgencia, dijo que una ley para canjear a los militares y policías secuestrados por rebeldes presos supondría "abrir la puerta" para que las FARC obtenga el estatuto de beligerancia y su reconocimiento internacional.
El influyente matutino El Tiempo dijo en su editorial que al alcanzar reconocimiento oficial como fuerza beligerante, las FARC buscan modificar "la naturaleza del conflicto armado a la luz del derecho internacional". Por su parte, voceros del opositor Partido Liberal dijeron que esta colectividad estaría dispuesta a apoyar la propuesta de una consulta popular, siempre y cuando esta incluya a los civiles secuestrados por la guerrilla.
La misma opinión fue compartida por varios legisladores y el Procurador General colombiano, Jaime Bernal, que integran la llamada "mesa del canje", un organismo que examina fórmulas jurídicas para facilitar la libertad de los uniformados y civiles secuestrados a cambio de los insurgentes presos. Pero en su carta Marulanda rechazó supeditar el canje a la liberación de los civiles en poder de la insurgencia e incluso negó que las FARC tengan como rehenes a personas "que no hayan combatido".
Sin embargo el Programa Presidencial para la Libertad Personal, una dependencia encargada de coordinar las acciones contra el secuestro, divulgó este miércoles la lista de 224 civiles, que asegura fueron secuestrados por las FARC y por cuyo rescate los rebeldes exigen fuertes sumas de dinero.
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