El proceso electoral en Perú no se paralizará pese al escándalo de la falsificación de un millón de firmas que ha debilitado el apoyo a la candidatura a la reelección del presidente Alberto Fujimori, afirmaron las autoridades electorales.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Alipio Montes de Oca, aseguró que "la contienda electoral sigue adelante y no puede paralizarse por ninguna situación".
Incluso afirmó que pese a existir una investigación judicial para esclarecer el escándalo en el que presuntamente está involucrado el movimiento "Perú 2000", uno de los cuatro grupos que apoya la candidatura de Fujimori, "ésta es totalmente independiente al desarrollo del proceso electoral".
La gravedad de las denuncias motivó la retirada de la agrupación oficialista de los comicios presidenciales del próximo 9 de abril, y su alejamiento de los otros tres partidos que formaron la alianza "Perú 2000" por la que se postula Fujimori a un tercer período de gobierno.
La retirada en las bases "fujimoristas" también ha alcanzado a los dos únicos candidatos al Congreso por "Perú 2000": el actual parlamentario Oscar Medelius y el secretario general de ese movimiento Daniel Chuan, quienes han sido involucrados en el acto fraudulento.
Los serios cuestionamientos del proceso electoral peruano han motivado incluso una nueva petición de la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que el Gobierno de señales "claras e inequívocas" de corregir al más breve plazo las irregularidades.
Sin embargo, Fujimori señaló ayer desde un remoto poblado del departamento de Puno, que "el proceso, con imperfecciones como siempre las hay en una democracia imperfecta, va a continuar".
El mandatario consideró que la separación del frente independiente "Perú 2000" de la alianza que encabeza facilitará el esclarecimiento de las denuncias de la supuesta falsificación de firmas que fueron presentadas para inscribir su candidatura ante el JNE.
El Jefe de Estado afirmó que su alianza electoral seguirá en la carrera aunque en las últimas horas han surgido peticiones para que se retire del proceso.
Su ex esposa, Susana Higuchi, pidió la renuncia de Fujimori de la contienda "y manifestó sentir mucha vergüenza", porque "este escándalo no involucra a un candidato cualquiera sino a un candidato presidente".
La parlamentaria independiente Anel Townsend envió ayer un oficio al Jurado Nacional de Elecciones en el que solicita se declare también nula la inscripción de la alianza "fujimorista".
Incluso anunció que denunciará penalmente al asesor presidencial y cabeza de lista al Congreso de "Perú 2000", Absalón Vásquez, por los delitos contra la fe pública y contra el derecho de sufragio, al existir pruebas de su supuesta participación en la falsificación de las firmas.
Los últimos sucesos motivaron incluso la destitución, el pasado jueves, del jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) en la ciudad de Arequipa, Rubén Calderón.
El ex funcionario fue implicado en la supuesta coordinación y ejecución de la falsificación de firmas al haber sido reconocido por tres jóvenes testigos que aseguran haber sido contratados por "Perú 2000" para elaborar las firmas falsas.
Los hermanos Carlos y Marita Rodríguez así como Ericka Martínez se presentaron ante el Ministerio Público para esclarecer las denuncias pero pidieron garantías para sus vidas ante eventuales represalias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió ayer solicitar al Gobierno peruano que adopte medidas de protección a su favor y que emita informes sobre la situación de los testigos cada 30 días.
Pese a que el escándalo ha ensombrecido el proceso electoral peruano, sectores oficialistas afirmaron que de todas maneras las elecciones generales y parlamentarias se llevarán a cabo el 9 de abril.
Incluso el presidente del JNE, Alipio Montes de Oca, a quien la oposición considera sometido al poder político, comentó que la evolución del proceso electoral se está desarrollando de forma transparente.
