Chile contradijo los pronósticos y vivió ayer sin violencia el Día de la Unidad Nacional, último legado legislativo del ex dictador Augusto Pinochet, actualmente bajo arresto domiciliario en Londres. Precedido por informes policiales sobre posibles incidentes, el feriado, que remplazó al que evocaba el golpe militar de 1973, transcurría en calma, con lluvia y aisladas manifestaciones pacíficas de grupos de izquierda.
Gladys Marín, candidata presidencial del Partido Comunista, encabezó en el centro de Santiago una manifestación contra el Día de la Unidad Nacional, ideado el año pasado por Pinochet y el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, del Partido Demócrata Cristiano.
"Todo este clima demuestra que queda tanto, tanto por hacer en el país, que no se logra porque aquí los que tienen el poder en sus manos no avanzan", dijo Marín a Reuters.
La nueva fecha en rojo en el calendario chileno reemplazó el conflictivo 11 de septiembre, aniversario del golpe que terminó con el gobierno y la vida del presidente socialista Salvador Allende.
Fue la última iniciativa del hoy senador vitalicio Pinochet, de 83 años, quien en octubre de 1998 fue detenido en Gran Bretaña a pedido de un juez español que busca extraditarlo y juzgarlo por crímenes contra la humanidad.
Mientras medio país encendía los televisores para ver jugar en Estados Unidos al tenista Marcelo Ríos, Marín declaraba que el Día de la Unidad Nacional era absurdo y ridículo.
"Una forma de avanzar sería que el gobierno se hiciera parte de las querellas criminales que tenemos contra Pinochet", dijo. "Este día no existe. No hay unidad nacional".
El presidente Eduardo Frei declaró el domingo que la jornada sería un día de reflexión y que la reconciliación era "un asunto de todo el país" y sería difícil hasta no saber qué ocurrió con los desaparecidos durante la dictadura.
"¿Dijo eso? Pero no ha hecho nada. Terminó el gobierno sin haber hecho nada", repuso Marín.
Grupos de defensa de los derechos humanos dicen que más de 3.000 personas murieron o desaparecieron por la violencia política durante los 17 años de dictadura, que comenzó el 11 de septiembre de 1973 y terminó en 1990.
En una jornada que la policía anticipaba como violenta, hubo además un acto de familias de las fuerzas de seguridad muertos por el "terrorismo de izquierda".
En una de las calles laterales al palacio presidencial de La Moneda, donde en 1973 estaba la puerta por la que fue sacado el cadáver de Allende, dirigentes socialistas rindieron homenaje al líder, muerto en circunstancias no totalmente aclaradas.
"Es bastante raro tener que conmemorarlo. No entendemos. Es como tapar el sol con un dedo", dijo a periodistas el dirigente Armando Barrios.
Familiares de los más de 1.000 desaparecidos también ignoraron el festivo y dijeron que trabajarían el lunes normalmente.
Eso ocurría mientras el gobierno de Frei promueve un debate entre militares y defensores de los derechos humanos para cerrar las heridas abiertas por el régimen de Pinochet, que una década después siguen dividiendo al país.
El general retirado deberá comparecer a fines de mes ante un tribunal británico que decidirá si accede al pedido español de extradición.
El juez español Baltasar Garzón dio a Pinochet un plazo de 20 días para presentarse en la corte y escuchar personalmente los cargos. De lo contrario, estudiará la posibilidad de que sea representado por sus abogados, dijo la agencia de noticias Europa Press.
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