El Congreso de Guatemala ratificó ayer un "estado de alerta" decretado el lunes por el Poder Ejecutivo, pero redujo de cuatro a tres las garantías constitucionales suspendidas con el fin de recapturar a 78 presos fugados el domingo.
El estado de alarma, que tendrá vigencia por 30 días en todo el país, fue aprobado por los diferentes partidos políticos representados en el Parlamento, con excepción de la izquierdista Alianza Nueva Nación (ANN), que la consideró innecesaria para el propósito de recapturar a los prófugos.
Sin embargo, el Congreso redujo a tres las garantías suspendidas: el artículo 6 sobre la detención legal; el artículo 9 sobre el interrogatorio de jueces a presos o detenidos; y el 26 relativo al derecho de locomoción y de salir o ingresar del país.
El Poder Legislativo descartó la suspensión del artículo 5, sobre libertad de acción, porque en uno de sus párrafos se refería a restricciones a la libertad de opinión, dijo a la
