El general Augusto Pinochet sufrió ayer una fuerte derrota a manos de la Corte Suprema que rechazó por 11 votos a 9 realizarle exámenes médicos, lo que lo acercó más a un juicio por secuestro de opositores, anunció la corte.
Tras deliberar por casi dos horas y media, los 20 jueces del máximo tribunal desestimaron la petición del ex dictador, que formaba parte de su apelación a su desafuero legislativo dispuesto el 5 de junio por la Corte de Apelaciones.
Hernán Alvarez, presidente del máximo tribunal, dijo que el próximo martes entrarán a decidir el fondo del asunto: "si hay procedencia respecto de la ratificación de la sentencia de primera instancia o si se revoca".
Pinochet, de 84 años, fue despojado de su inmunidad de senador vitalicio por la Corte de Apelaciones, que determinó por 13 votos a 9 que hay "fundadas sospechas" para enjuiciarlo por el secuestro de opositores.
Ayer fue uno de los días más cruciales que ha vivido Pinochet porque, junto a su angustiada familia, esperó esta primera resolución en su residencia de descanso de Los Boldos, 140 kilómetros al noroeste de Santiago.
Los familiares de las víctimas de su prolongada dictadura aguardaron ansiosos la primera resolución de la Corte Suprema que al negar los exámenes acercaron al banquillo de los acusados al líder del régimen que les quitó a sus parientes.
Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo que la resolución "nos satisface enormemente porque significa que dentro de los próximos días conoceremos la resolución de la Corte (Suprema) ratificando la decisión de la Corte de Apelaciones".
Algunos abogados activistas de los derechos humanos también interpretaron esta primera decisión como un preludio de lo que será la decisión final del máximo tribunal que, según ellos, ratificará el desafuero.
El equipo jurídico del senador basó sus alegatos en que su cliente está demasiado enfermo como para defenderse, lo que le impidió tener un debido proceso, y que es inocente de los cargos de secuestros que se le imputan.
Los ocho abogados acusadores mostraron pruebas que señalan que Pinochet delegó funciones en el general Sergio Arellano Stark, quien al mando de cinco oficiales del ejército recorrió varias ciudades a la cabeza de una misión para agilizar juicios, entre septiembre y octubre de 1973.
La comitiva, conocida como la "caravana de la muerte", dejó 75 prisioneros políticos ejecutados, de los cuales 19 siguen desaparecidos hasta hoy.
El juez Juan Guzmán, que investiga otras 147 querellas criminales contra Pinochet, mantiene detenidos y enjuiciados a Arellano y a su grupo por los secuestros.
Guzmán eludió aplicar una polémica ley de amnistía al calificar el delito como secuestro, lo que lo convierte en un hecho inanmistiable hasta que aparezcan los cuerpos.
Si Pinochet finalmente es desaforado, el caso volverá a las manos de Guzmán, quien por ley, deberá ordenar exámenes médicos para Pinochet porque es mayor de 70 años.
Sus defensores Gustavo Collao y Pablo Rodríguez, advirtieron que la familia del dictador no aceptará que se le realicen exámenes después de un posible desafuero.
De concretarse la revisión, la única causante eximente de un juicio es la demencia, según la legislación chilena.
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