Cuba planea juzgar el lunes en La Habana a los cuatro disidentes más conocidos de la isla, cuyo encarcelamiento de 19 meses ha sido foco de presión internacional contra el gobierno del presidente Fidel Castro, dijeron ayer familiares.
Agentes de la seguridad del estado confirmaron que los cuatro disidentes, acusados de sedición después que demandaron abiertamente cambios democráticos en el sistema cubano de un solo partido, serán juzgados en el Tribunal Provincial de La Habana, dijeron a Reuters varios miembros de sus familias.
"Me dio por llorar. Hemos esperado tanto. Mi esperanza es que salgan en libertad porque son inocentes", dijo en una entrevista telefónica Magalys Roca, esposa de Vladimiro Roca, uno de los cuatro disidentes.
Vladimiro Roca, quien fue piloto de la aviación militar cubana, es también hijo de Blas Roca, quien durante años en el período capitalista de la isla fue secretario general del Partido Socialista Popular, de filiación marxista leninista.
El gobierno cubano, que niega tener prisioneros de conciencia y califica a los cuatro de delincuentes "contra revolucionarios", no confirmó la fecha del que sería el juicio más prominente de la isla en los últimos años.
"La información que tenemos es que ya fueron presentadas las conclusiones preliminares del fiscal y que próximamente el tribunal convocará juicio. No tenemos fecha precisa", dijo a Reuters el portavoz del ministerio cubano de Relaciones Exteriores, Alejandro González.
Los disidentes Martha Beatriz Roque, Félix Bonne, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca fueron detenidos el 16 de julio, después de emitir un documento en que criticaban al sistema político de Castro e instaban a una serie de reformas.
Además de publicar el documento "La Patria es de Todos", los cuatro estuvieron involucrados en 1996 en un frustrado intento por agrupar a varias organizaciones disidentes ilegales en la isla. Se cree que los acusados enfrentan sentencias máximas de cinco a seis años.
Familiares y simpatizantes de los disidentes señalaron que los cuatro fueron llevados de sus celdas al centro de seguridad Villa Marista, en La Habana, en preparación para el juicio.
No hubo confirmación inmediata por parte del gobierno cubano.
Desde la histórica visita del Papa Juan Pablo II en enero de 1998, diversos gobiernos extranjeros han estrechado sus relaciones con La Habana y varios visitantes oficiales se han referido al caso como un símbolo de lo que dicen son los asuntos de derechos humanos pendientes de solución en Cuba.
Una amplia gama de grupos y gobiernos extranjeros han pedido la liberación de los cuatro disidentes, entre ellos el Vaticano, las naciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Amnistía Internacional y Americas Watch.
La Habana niega que los cuatro, u otros reclusos en cárceles cubanas, sean prisioneros de conciencia.
El primer ministro canadiense Jean Chretien y el ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, intercedieron personalmente en favor de los cuatro disidentes durante sus visitas a la isla el año pasado.
Al preguntársele sobre el caso en diversas ocasiones, Castro reaccionó señalando la existencia de prisioneros políticos en Europa y otras partes del mundo e insistió en el derecho de Cuba a defenderse contra los "enemigos" respaldados por Estados Unidos.
Diplomáticos recibieron con agrado el establecimiento de una fecha para el juicio, al decir que estaba muy retrasado y que sería seguido de cerca por la comunidad internacional con la esperanza de una absolución.
Sin embargo, es dudoso que se permita la entrada en el juicio de diplomáticos o corresponsales extranjeros con base en Cuba.
Algunos analistas dijeron que probablemente el juicio estaba deliberadamente programado para que ocurriera después de la reciente aprobación en Cuba de una nueva y draconiana legislación "Anti-subversión".
Contenido patrocinado
Últimas noticias
