"Cubas se ha burlado de la justicia paraguaya", Rienzi

El presidente de la Corte Suprema de Paraguay Wildo Rienzi declaró ayer que el presidente Raúl Cubas "se ha burlado de la justicia" y que puede ser procesado y enjuiciado políticamente por violación de la ley.
El magistrado reiteró que Cubas está obligado por la Constitución a acatar la orden de arresto de su padrino político, el general retirado Lino Oviedo, condenado a 10 años de cárcel pero liberado por el Jefe de Estado tras asumir el 15 de agosto.
En rueda de prensa en la sede del Congreso donde recibió muestras de apoyo y reconocimiento de las directivas de Senadores y Diputados por haber emplazado el pasado viernes por 72 horas a Cubas para que detenga a Oviedo, Rienzi sostuvo que el gobernante puede ser procesado "por desacato y otros delitos".
Cubas había rechazado y repudiado el emplazamiento, al tiempo que le señaló que no es un subordinado del Poder Judicial, para tener que cumplir una orden personal del titular de la Corte, aduciendo que conforme a la Constitución Nacional, los poderes del Estado son independientes.
Antes de acudir a la sede de Congreso donde criticó duramente al presidente Cubas, Rienzi firmó un oficio y remitió al fiscal general del Estado, Aníbal Cabrera Verón, todos los antecedentes de la negativa del jefe de Estado paraguayo para cumplir una orden de la Corte.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wildo Rienzi, envió los antecedentes del caso al fiscal general del Estado, Aníbal Cabrera, después de que el pasado viernes Cubas se negara a hacer cumplir una sentencia de diez años contra Oviedo por intentar un golpe de Estado en abril de 1996.
Por su parte, el Congreso ha convocado para el próximo jueves a una sesión conjunta de ambas cámaras para analizar la agudización de la crisis que traviesa el país desde que Cubas liberó al ex militar, su amigo y aliado político, mediante un decreto.
El pasado viernes, la Corte emplazó a Cubas para que en el plazo de 72 horas ordenase la vuelta a prisión de Oviedo, pero el presidente, como ya había hecho en diciembre pasado, se negó rotundamente.
En su rechazo, el jefe de Estado reiteró que el ex jefe del Ejército está en libertad, tras permanecer casi nueve meses en prisión, gracias a un fallo absolutorio dictado el 28 de agosto pasado por el mismo tribunal militar que lo había condenado cinco meses antes.
Ese tribunal, reformado por Cubas, "sobreseyó libremente y totalmente a todos los condenados", y ratificó ayer, como también sostiene el jefe de Estado, que el caso en la esfera castrense ya "es cosa juzgada y no puede ser cuestionada".
El pasado viernes, en un duro mensaje a la ciudadanía, el gobernante acusó al máximo tribunal de "intentar un golpe de Estado" contra su Gobierno, al tiempo de afirmar que "el presidente constitucional no se subordina al presidente de la Corte Suprema de Justicia".
El oficio remitido por Rienzi a la Fiscalía es escueto, pero el propio titular de la Corte explicó después a la prensa que el plazo otorgado al Poder Ejecutivo feneció el mediodía del lunes, por lo que decidió trasladar el caso a la Fiscalía.
Comentó que es posible que la justicia ordinaria impulse un juicio a Cubas por desobediencia o desacato.
"Yo creo que es factible, ahora que se cumpla, no sé. Nosotros no tenemos las armas", afirmó Rienzi, quien sostuvo que la actitud del jefe de Estado para favorecer a su aliado político constituye una "abierta violación al Estado de Derecho".
Algunos analistas políticos consideran que el paso dado por la Corte Suprema supone una forma de presión para que Cubas cambie de actitud.
Según observadores políticos, la única arma legal a la que se puede apelar es un juicio político, que deberá ser impulsado por el Congreso, otro de los poderes enfrentados a Cubas por el caso del ex jefe del Ejército.
Sin embargo, el procesamiento al presidente parece no contar con los dos tercios necesarios en la Cámara de Diputados, órgano encargado de impulsarlo.
En ese caso, los legisladores de la oposición y del sector oficialista enfrentado a Cubas consideran también la posibilidad de declarar al presidente "fuera de la ley" y llamar a la desobediencia civil.