Un informe sobre las violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna de 36 años que libró Guatemala y finalizó en 1996 con la firma de los acuerdos de paz, responsabiliza principalmente al ejército de cometer la mayoría de ellas.
El estudio denominado "Violencia institucional en Guatemala, 1960-1996: una reflexión cuantitativa", registra 37.255 asesinatos y desapariciones, de los cuales 34.340 fueron cometidas por instituciones del Estado y el resto por la guerrilla.
El informe, hecho por el Centro Internacional para Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH), fue entregado ayer a los integrantes de la denominada Comisión de la Verdad -creada en los acuerdos de paz- y que se encargará de investigar las violaciones de lesa humanidad cometidas durante el conflicto bélico.
El documento, que recoge más de 19.000 reportes sobre violaciones a los derechos humanos recopilados durante cuatro años, indica que "esos crímenes forman parte de una política deliberada de asesinato extrajudicial, ejecutada por los diferentes gobiernos".
Asimismo indica que "el auge del terror estatal" se registró durante el gobierno de facto del general (r) Efraín Ríos Montt (1982-83), ahora secretario general del partido político Frente Republicano (FRG-Derecha), segunda fuerza política del país.
Aún cuando la población indígena fue la más afectada durante la guerra, la CIIDH sólo logró identificar a 10.074 víctimas, pues en las zonas rurales "es menos probable identificar a las víctimas y es más fácil reconocer quiénes cometieron esos crímenes".
De acuerdo con el estudio, "las fuerzas de seguridad no se limitaron a eliminar a sus víctimas, las sobremataron al quemar o mutilar un cádaver, decapitar un cuerpo después de matarlo, violar a la víctima o torturarla hasta la muerte".
Además cuestiona el "uso de civiles" por parte del gobierno "para controlar y atacar a otros civiles".
El uso de paramilitares inició a finales de la década del 70 cuando el ejército militarizó las poblaciones con las denominadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), acusadas como una de las principales organizaciones que violó los derechos humanos durante el conflicto.
El gobierno y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron un acuerdo el 29 de diciembre de 1996 que puso fin a 36 años de guerra interna que dejó 145.000 muertos, 40.000 desaparecidos y más de 440 aldeas arrasadas.
