En la víspera de cumplir seis meses en el gobierno, el presidente argentino, Fernando de la Rúa (socialdemócrata), afrontará hoy la segunda huelga general contra el modelo económico, que en esta ocasión tiene la adhesión de todas las centrales sindicales.
El Gobierno realizaba esfuerzos de último momento para mitigar el efecto del paro, sin movilización laboral, que promete una importante adhesión debido a que las dos corrientes -combativa y moderada- de la mayoritoria y dividida Confederación General del Trabajo (CGT) se unieron en la protesta.
El cese de actividades se realizará en contra de un severo plan de austeridad por 938 millones de dólares en total, que anunció hace diez días el Gobierno de la Alianza para contener el gasto público.
La medida oficial implica, entre otros puntos, la reducción de los salarios de unos 140.000 empleados públicos que perciben ingresos superiores a los mil pesos (igual en dólares), con el fin de acercarse a los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir el déficit fiscal a 4.700 millones de dólares en el 2000.
La huelga se llevará a cabo mientras una misión del FMI audita las cuentas públicas argentinas y su presencia en Argentina había motivado una movilización de protesta de la CGT combativa, el 31 de mayo.
El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, dijo hoy, en declaraciones al canal de cable TN desde Ginebra, que los sindicalistas "no tienen propuestas", aunque se pronunció por una "concertación" ya que, aseguró, "no hay una sola medida de este gobierno que sea la causa de los problemas que está viviendo Argentina".
A su vez, el líder de la protesta y titular de la CGT combativa, Hugo Moyano, afirmó que no siente satisfacción por la realización de la segunda huelga contra la gestión de De la Rúa --tras la efectuada por su sector el 5 de mayo-- y sostuvo que "el enemigo no es el gobierno, el enemigo está en otro lado", en alusión al FMI.
Moyano vaticinó que el paro "va a ser muy fuerte" y expresó su deseo de que "el gobierno se dé cuenta de la necesidad de conformar una mesa (de diálogo) que permita ir superando esta situación".
En similar sintonía, el ex presidente y titular del gobernante radicalismo, Raúl Alfonsín, convocó anoche al "diálogo" con todos los sectores "menos con los extremistas de izquierda y derecha" para enfrentar la crisis, y advirtió que los neoliberales "pueden llevar al país al desastre".
A un día de la protesta, las autoridades han montado un operativo especial para garantizar la circulación del transporte automotor de pasajeros, un sector clave en el éxito de la protesta.
Un decreto oficial indicó que el Gobierno "garantizará" y "se hará responsable de la seguridad de los servicios del transporte de pasajeros y de carga", incluido el pago de indemnizaciones a los damnificados por eventuales hechos de violencia.
Asimismo, las fuerzas de seguridad prestarán "toda la colaboración necesaria para la prevención de alteraciones", según el decreto.
Pese a ello, empresas de ómnibus de transporte colectivo de pasajeros denunciaron este jueves 33 atentados contra sus unidades luego de anunciar que trabajarán mañana viernes durante la huelga general.
El titular del sindicato del sector, Juan Manuel Palacios, pronosticó que el 98% del transporte automotor se sumará a la huelga y aseguró que "se paralizará el país".
Como antesala de la protesta del viernes, los gremios estatales, los más perjudicados por el ajuste, realizaban este jueves una huelga del sector, con un "alto" nivel de adhesión, según el Frente de Gremios Estatales que nuclea a todos las entidades laborales de ese ámbito.
La huelga tuvo especial repercusión en varios ministerios, mientras también fue importante en las oficinas de recaudación de impuestos e instituciones técnicas y científicas del Estado.
