El Senado argentino planeaba debatir ayer si acepta un pedido de la justicia para quitar los fueros a ocho legisladores involucrados en un presunto cobro de sobornos, en lo que se constituyó en el mayor escándalo político del país en los últimos años.
La Cámara Alta tenía previsto reunirse a partir de las 20.00 hora local (2300 GMT), nueve horas después de lo planeado originalmente, para decidir si quita la inmunidad parlamentaria a esos legisladores o establece que todos los miembros del Senado queden a disposición de la justicia.
Los ocho senadores implicados, siete del opositor Partido Justicialista (peronista) y uno de la gobernante Alianza, son investigados por el juez federal Carlos Liporaci por su presunta participación en el cobro de sobornos a cambio de la aprobación en abril de una ley de reforma laboral impulsada por el presidente Fernando de la Rúa.
El magistrado también investiga si los fondos para los pagos ilegales salieron del gobierno, que estaba muy ansioso porque el Senado sancionara la ley, que desregula el mercado laboral argentino y era exigida por los empresarios y el FMI.
En la mañana de ayer, una de las hijas del magistrado recibió una amenaza telefónica en la que una voz anónima le advirtió que se cuidara porque su padre "está embromando (molestando) demasiado con la causa".
El vicepresidente Carlos Alvarez dijo que pondrá a disposición de Liporaci todos los instrumentos de seguridad del Estado para que se investigue el origen de la amenaza.
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